Democratizar la empresa es completar la transición democrática

Hace casi cincuenta años, la transformación democrática de España inspiró al mundo: al emerger de la larga sombra de la dictadura franquista, el país redactó una nueva Constitución que prometía reconstruir su sociedad sobre los cimientos de la libertad y la igualdad de derechos. Sin embargo, durante cinco décadas, una pieza crítica de esa arquitectura democrática ha permanecido inacabada. Si bien los españoles ganaron el derecho a elegir a sus líderes en las urnas, han seguido sujetos a una autocracia obsoleta en su lugar de trabajo, al igual que la mayoría de las personas en el mundo.

He presidido una Comisión Internacional de Expertos y Expertas convocada por el Ministerio español de Trabajo, compuesta por colegas de instituciones académicas españolas e internacionales (Oxford, Harvard, la London School of Economics el European University Institute, entre otras). El 2 de febrero, nuestra comisión ha presentado un estudio exhaustivo sobre el artículo 129.2 de la Constitución Española, una cláusula casi olvidada que mandata la participación de las personas que trabajan en las decisiones y en la propiedad de las empresas. La conclusión del estudio es sencilla, y a la vez urgente: la gobernanza corporativa que define nuestra economía moderna no solo está desactualizada, sino que está impulsando nuestras crisis planetarias y democráticas actuales. Para salvar nuestros sistemas políticos y nuestro medio ambiente, debemos completar la transición democrática democratizando la empresa.

Nuestro modelo económico actual trata a las personas que trabajan como “recursos humanos”: costes que deben minimizarse, en lugar de inversores que deben valorarse. ¿El resultado? La mayoría de la ciudadanía pasa su vida laboral en lugares donde no tiene voz, ni capacidad de decisión, ni participación en la riqueza que crea. No es de extrañar que la fe en las instituciones se erosione, un fenómeno a veces llamado “fatiga democrática”, que es una de las causas del colapso democrático que estamos presenciando en muchos países de todo el mundo. La Constitución española supo prever que no se puede sostener un Estado democrático sobre los cimientos de centros de trabajo autocráticos.

Nuestra investigación identifica la necesidad de un cambio fundamental en el que reconozcamos a quienes trabajan como lo que verdaderamente son: inversores de trabajo. Si los accionistas invierten capital, los trabajadores invierten sus vidas, su salud y su futuro. En cualquier otra área del derecho, una inversión de tan alto riesgo otorgaría al inversor el derecho a ser parte íntegra de las decisiones. Sin embargo, en la corporación moderna, los inversores de trabajo son tratados como ajenos a las mismas entidades que sostienen.

Hemos identificado nueve desafíos sistémicos que este “déficit estructural” democrático ha agravado. Desde la inminente crisis de sucesión en las pymes hasta el auge de la inteligencia artificial, la falta de voz de los trabajadores es una bomba de relojería. En el ámbito de la IA, por ejemplo, sin derechos de codecisión, las personas que trabajan se arriesgan a que la tecnología se convierta en una herramienta al servicio de la intensificación de la vigilancia y la supresión salarial. Con codecisión, los trabajadores pueden convertirse en socios estratégicos y la IA en un catalizador de prosperidad compartida, una visión respaldada por el premio Nobel de Economía de 2024, Daron Acemoğlu, en su testimonio ante nuestra Comisión.

Las recomendaciones del informe son prácticas y están respaldadas por datos científicos. Emulando las mejores prácticas de los países de la UE, proponemos nuevos mínimos legales: un modelo de participación en las decisiones estratégicas donde los trabajadores ocupen un tercio de los puestos en los consejos de administración en empresas de más de 50 trabajadores, aumentando su número a la mitad en las corporaciones más grandes. Sugerimos un nuevo derecho para que los trabajadores autoricen el uso de la IA mediante un poder de veto colectivo sobre el diseño y despliegue de estas tecnologías en el trabajo. Finalmente, proponemos cerrar la brecha de propiedad exigiendo que todas las empresas abran un porcentaje de su capital a los trabajadores.

Para acelerar esta transición democrática en las empresas, hemos desarrollado el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo. Este índice se apoya en un sistema de incentivos fiscales de tipo ‘bonus/malus’, mediante el cual las empresas que alcancen altos estándares de gobernanza democrática puedan ser recompensadas con tipos impositivos reducidos y prioridad en la contratación pública. Por el contrario, las empresas que mantengan modelos arcaicos y de alta fricción asumirían los costes sociales que actualmente externalizan al Estado.

Esta propuesta no es un mero ajuste económico; es un recurso a largo plazo centrado en el planeta para los Estados. Mientras que los accionistas suelen estar lejos y centrados en los dividendos a corto plazo, los inversores de trabajo viven en las comunidades donde operan sus empresas. Son los primeros en sufrir cuando un río se contamina o una economía local se vacía. Al darles voz y acceso a la propiedad —un movimiento pionero en empresas del sector social y cooperativo—, las empresas pueden convertirse en entidades regenerativas que internalicen su huella ecológica y sus externalidades sociales, tal como demuestra las investigaciones científicas.

España tiene una oportunidad histórica de liderar esta transición. Al igual que realizó una transición de la dictadura a la democracia política en la década de 1970, al cumplir su promesa constitucional con las personas trabajadoras, puede mostrar a Europa y al mundo cómo transitar de una economía extractiva a una regenerativa. Al hacerlo, ofrecerá una vía concreta para defender el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Nuestro informe traza un camino claro para honrar esta promesa: la forma más eficaz de salvar la democracia y el planeta. Es hora de cumplir la doble promesa de acceso a la voz y a la propiedad del artículo 129.2 y demostrar que la democracia no es solo una forma de votar, sino una forma de vivir y trabajar.