El aislamiento de Nicaragua

La expulsión del embajador español en Managua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la acertada respuesta recíproca del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al expulsar al embajador nicaragüense de Madrid, trasciende la polémica diplomática. Es el síntoma de una dictadura, la del matrimonio Ortega-Murillo, que ha decidido romper los pocos puentes que aún quedaban con la comunidad internacional, consagrando un aislamiento que tendrá más costos políticos, económicos y humanos para Nicaragua y su gente.

La medida contra España se dio sin una justificación pública clara por parte de Managua. Este tipo de decisiones arbitrarias, que rompen con las prácticas diplomáticas elementales, encajan en el patrón que Ortega y su círculo de poder han venido consolidando durante más de una década: desdén por las normas internacionales, desconfianza hacia los mecanismos multilaterales y una defensa a ultranza de su propio poder.

Desde 2018, el régimen nicaragüense ha expulsado a representantes de la UE y El Vaticano, entre otros, y ha negado plácet a enviados de Estados Unidos. También ha expulsado a organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este desfile de salidas forzadas ilustra un cálculo claro: Ortega rechaza someterse a escrutinios externos que lo incomoden o lo condenen.

Ortega es el gobernante más longevo de América en el siglo XXI y ha construido un régimen que ya no tolera disidencia, ni interna ni externa, y que percibe toda crítica como una amenaza a su supervivencia. Esa lógica se extiende más allá de las relaciones con gobiernos extranjeros y toca directamente la vida de los nicaragüenses. El caso de Bayardo Arce, histórico sandinista devenido en crítico interno, resalta este deterioro. Arce, de 76 años y exmiembro prominente del Frente Sandinista, fue detenido sin cargos formales en julio de 2025 y permanece incomunicado, con mala salud y bajo condiciones que su familia califica de abusivas y peligrosas. El mensaje es claro: nadie dentro del país está a salvo si osa cuestionar el rumbo del poder. Este patrón de represión no es nuevo, pero sí acelerado y extendido desde la masiva represión de las protestas de 2018.

El aislamiento diplomático de Managua tiene, además, implicaciones prácticas. Al expulsar a observadores internacionales y cerrar canales de diálogo, el régimen limita la entrada de cooperación, inversiones y apoyo en áreas críticas como salud, educación y derechos humanos. La economía nicaragüense, ya frágil, sufre las consecuencias de este encierro: menos acceso a mercados, a financiamiento externo y a iniciativas multilaterales de apoyo. La soledad en el concierto internacional no suele beneficiar a economías con recursos limitados y profundas desigualdades sociales.

Nicaragua se encierra paso a paso en un mundo propio, sin amistades claras y con pocos aliados firmes. Ese mundo no sólo es más pequeño, sino también más peligroso para quienes dentro del país sueñan con libertad, justicia y una vida digna. La comunidad internacional, incluyendo España y la Unión Europea, enfrentarán el desafío de encontrar una estrategia que combine firmeza con solidaridad hacia los nicaragüenses que sufren las consecuencias de este autoritarismo aislacionista. El futuro de Nicaragua pende de la posibilidad de abrir puertas cerradas. Ese es el trabajo de las relaciones diplomáticas. Pero lo que está en juego no es solo la diplomacia, sino la esperanza de un pueblo entero.