Los papeles de Franco: un bien público en manos privadas y al servicio de la propaganda

Desde que el pasado viernes 31 de octubre, el Gobierno anunciara el inicio del expediente de ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, surge la incógnita sobre el destino de su archivo. Aunque el tema se ha llegado a plantear con anterioridad, ha pasado bastante inadvertido, desplazado de la actualidad. Sin embargo, no es una cuestión menor, si se tiene en cuenta la importancia de la documentación que conserva, y, sobre todo, de toda aquella que no es de acceso público y apenas se conoce. Ya hemos perdido demasiado patrimonio histórico en nuestro país como para no tener todas las cautelas necesarias que eviten la ocultación, la manipulación o el expolio al que han sido sometidos buena parte de los archivos, testigos mudos de nuestra historia reciente.

Desde sus orígenes, este conjunto diverso, procedente de la Jefatura del Estado, del Gobierno y del Ejército durante prácticamente cuatro décadas, ha mantenido la misma pauta: es de acceso limitado y de uso particular. Una situación que ha continuado a lo largo de la democracia, favoreciendo la publicación de todo tipo de apologías del dictador y, sobre todo, ocultando una incalculable cantidad de documentación inédita del período. La información reservada, la de consumo interno del régimen, se mantiene intacta, mientras se difunde un aluvión de material propagandístico, desordenado e imposible de contrastar. Sucede así desde su propia creación. A medida que Franco afianza el mando único, su cuartel general en Burgos comienza a centralizar todo lo que es capaz de generar e incautar. Poco antes de terminar la guerra, con su Gobierno ya reconocido internacionalmente, habla de la necesidad de crear un archivo con toda esta documentación “para la enseñanza de la historia”. Nace así el Archivo de la Cruzada o de la Guerra de Liberación, con cientos de miles de papeles acumulados en Salamanca, sede de la llamada Delegación Nacional de Recuperación de Documentos, organismo que hasta el año 1944 mantuvo su carácter reservado. Allí se centralizó y gestionó todo el proceso de la clasificación de la inicialmente llamada “información retrospectiva”, más tarde conocida como “político-social”, con la documentación procedente de la ocupación del territorio republicano y de las grandes ciudades. Una enorme masa documental que creció aún más con el archivo de antecedentes masónicos y con el Registro Central de todas las llamadas jurisdicciones especiales hasta el final de la dictadura. En ese mismo año, 1944, cuando se da por terminada la clasificación de la documentación incautada en el puerto de Alicante, la delegación cifra “en cerca de cuatro millones de fichas y documentos los que tiene ubicados en sus dependencias”.

La labor del archivo continua, pero hasta comienzos de los años sesenta no se hace pública su existencia. Comienza a utilizarse para desmentir los estudios críticos con el régimen que se publican en el extranjero. El historiador Ricardo de la Cierva consulta en privado sus fondos, al menos entre 1973 y 1980, año en el que es nombrado ministro de Cultura. A principios de los ochenta, otro historiador afín, Luis Suárez, procurador en las Cortes franquistas, tendría acceso también a la documentación de una forma prolongada y exclusiva. En 1984, publica su conocida biografía del general, reeditada y revisada varias veces. Por entonces, la Fundación Nacional Francisco Franco, comienza su labor de custodia y clasificación del archivo, cuyos resultados se hacen públicos en 1992, con la aparición de los Documentos Inéditos para la Historia del Generalísimo Franco. Estos dos volúmenes pueden considerarse el primer catálogo de los llamados fondos “personales” del archivo. El resto seguiría un largo periplo hasta hoy. Una gran parte pasa por el Cuartel General del Ejército en Madrid y por los distintos gobiernos militares hasta que, mucho tiempo después y en distintas fases, son transferidos al Archivo General Militar de Ávila. Sin embargo, el grueso de la documentación privada seguiría en la Fundación Franco. Hubo que esperar al año 2000 para que otra parte fuera, en rollos microfilmados, al Ministerio de Educación que los envió al Archivo de Salamanca. Las cerca de 27.500 copias de documentos depositadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica constituyen un importante inventario de la Administración franquista, que abarca prácticamente todos los aspectos de la dictadura, así como de sus principales instituciones y ministerios, pero apenas suponen una mínima parte del conjunto total y no dejan de ser reproducciones de copias.

Este es el problema fundamental del archivo: los fondos originales están fragmentados y no se hacen nunca públicos ni se muestran completos. Hay rollos de Salamanca completamente vacíos. La documentación figura en el catálogo de la fundación dentro de la contabilidad personal de la casa del general, pero no aparece en las copias que se muestran en sala. Algo similar ocurre con la correspondencia personal de Franco. Hay un goteo incesante de cartas en distintos medios de comunicación que tampoco figuran en el archivo, ni para los investigadores, ni para el público en general. De temática variada e índole familiar, abundan en una dimensión humana y cercana de la vida de Francisco Franco, pero los mismos medios que las publican nunca citan la referencia o el fondo del archivo en el que se encuentran. Más allá de esta calculada imagen del buen dictador, hay una abundante correspondencia con protagonistas históricos, en distintos momentos decisivos, que sigue siendo prácticamente desconocida. Por ejemplo, la mantenida entre Franco y el general Beigbeder. La serie completa del personaje clave para afianzar la base de la sublevación entre Marruecos y la Península, ministro de Exteriores durante el primer año de posguerra, no está disponible. Aunque, más paradigmático incluso, es lo que ocurre con otra figura esencial en la guerra y en la consolidación de la dictadura como fue Yagüe. El militar, ministro y capitán general acumuló un legado documental que su familia cedió para que fuera de acceso público, algo que tras décadas de litigios con la fundación no han conseguido. Sucede en muchos otros casos. Clasificados bajo el manto de asuntos personales, se encuentran otros tantos fondos pertenecientes a la Jefatura del Estado. En materia de los servicios de inteligencia, por ejemplo, cabe señalar la Delegación de Información e Investigación de FET de las JONS, o los informes de los agregados militares en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Solo dos muestras de la importancia de este archivo para desmitificar la historia consagrada por el franquismo.

El riesgo de que esta información original se altere o desaparezca para siempre, mientras se tramita el expediente de ilegalización, no debe tomarse a la ligera. Del mismo modo, la oportunidad de inventariar toda esta documentación, de incorporarla al conjunto de los archivos públicos, no se puede dejar pasar. Así se ha venido haciendo con los materiales, institucionales o privados, de personalidades y organismos de dictaduras de distinto signo, como en Alemania, Rusia, Italia o Portugal. Mientras no se proteja, este archivo seguirá siendo una metáfora viva de nuestro pasado en el presente, pues constituye una de las más destacables anomalías, aunque no la única, en materia de investigación, acceso y conocimiento de nuestra historia reciente. Mientras tanto, la visión fragmentada, alterada y edulcorada del franquismo, seguirá teniendo su espacio y su lugar.