Construir vivienda no es facha

Creemos que en España no hay discursos de extrema izquierda atravesando el debate público, pero se pueden apreciar claramente con el tema de la vivienda. Se ha extendido el mantra de que no hay que construir más pisos para solucionar el problema, que las casas ya están en algún lado, y solo queda repartirlas expropiando a quien haga falta. Aunque esos relatos se disfracen de buenismo, solo están siendo útiles para sacar rédito del malestar ciudadano.

El Banco de España lo dejó claro: este año, nuestro país acumularía un déficit de 600.000 pisos, y expertos de renombre, como el catedrático en Economía José García Montalvo, sostienen la necesidad de construir vivienda asequible para que haya más oferta y se reduzcan los precios. Entre 2022 y 2025, la población española ha aumentado en un millón y medio de personas, y se han creado, de media, unas 250.000 familias al año. Pese a que estas necesitan un techo, varios partidos a la izquierda del PSOE se han abonado a esas tesis decrecentistas, dejando por neoliberal o pseudofacha a todo aquel que ose hablar de construir viviendas. Se agarran al argumento de que existen unos 3,8 millones de casas vacías, según estimó el INE a partir de datos de consumo eléctrico de esos inmuebles.

Sin embargo, esa cifra ha sido refutada. Por ejemplo, Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona sosteniendo esa creencia de que había muchos pisos vacíos y solamente tenían que aflorar. Al poco tiempo se descubrió que estos solo representaban el 1,22% de los pisos de la ciudad, es decir, que eran unas 10.000 viviendas, muy lejos de las más de 104.000 esperadas. Según un estudio coordinado por García Montalvo y Josep Maria Raya Vílchez, el motivo quizás sea que muchas fuentes oficiales tienden a sobreestimar los datos de vivienda vacía. Es más, la mayor parte de los inmuebles sin ocupar suele estar en los pueblos o zonas rurales, y eso no soluciona el problema: la gente se concentra hoy en día en las grandes ciudades, que son las más tensionadas.

Asimismo, se dice que edificar no bajará los precios porque durante la burbuja del ladrillo se construía mucho y los precios tampoco bajaban. No es cierto. Entonces, la burbuja fue de crédito, no de oferta, y hoy los bancos no dan dinero tan fácilmente como entonces, ni la gente puede ahorrar demasiado. Como muestra Jorge Galindo en su libro Tres millones de viviendas, el incremento de oferta sí acabó bajando los precios de los pisos cuando el grifo del crédito se cerró, a partir de 2008.

Por tanto, el debate de la vivienda se está llenando de fetiches ideológicos, y no se puede culpabilizar a la ciudadanía por ello. La inacción política es la principal responsable de que se estén generando monstruos, como un resentimiento de los inquilinos contra sus caseros. El problema es que esa sed de revancha impide valorar racionalmente las medidas que se aplican. Por ejemplo, controlar el precio de los alquileres ha sido contraproducente para muchos inquilinos en Barcelona. La ciudad contuvo el alza de precios en 2024, pero a costa de que menos gente pudiera acceder a una vivienda: los contratos se redujeron en un 15% en ese mismo período. ¿Qué ocurrió con esa oferta? Se desplazó hacia el alquiler de temporada —donde se puede seguir fijando el precio libremente— llegando esta ya a suponer hasta un 40% del total del mercado del alquiler en la ciudad. Curiosamente, solo el 7,5% de esa cantidad son pisos turísticos, por mucho que algunas voces insistan en que ese es el mayor problema.

Parecido ocurre con los discursos sobre los fondos buitre. El Banco de España reconoció en un informe que en 2021 solo el 8,1% del mercado del alquiler estaba en manos de sociedades, y añadió que la propiedad no está concentrada en nuestro país, sino que “destacan los pequeños propietarios”. Otras fuentes elevan la cifra de grandes tenedores privados hasta un 10-15%. Sea como fuere, la medida propuesta por la ministra Isabel Rodríguez de dar incentivos fiscales a esas empresas para que saquen sus pisos al alquiler se aprecia insuficiente. Similar ocurre con la demanda que hizo el presidente Pedro Sánchez en Bruselas de impedir la adquisición de vivienda no residencial: un estudio en Países Bajos concluyó que limitar la compra para inversores que la iban a arrendar no provocó una disminución significativa en los precios de venta, pero sí un incremento en los alquileres.

En definitiva, España sigue teniendo un problema de falta de inversión en vivienda, especialmente en la de protección social —alquiler y compra—. Mientras que la media de gasto en la Unión Europea fue de 161 euros de inversión por persona y año entre 2007 y 2021, en nuestro país fue de 34 euros por habitante y año frente a los 335 euros de Irlanda, los 319 de Dinamarca o los 274 en Francia. El problema es que construir no le sale tan rentable a la clase política: es lento, obligaría a sacar el dinero de otras prioridades que dan votos más inmediatos y la medalla quizás hasta se la colgaría otro gobierno. No cabe ser ingenuos: los discursos populistas no son la causa, sino el trampantojo para tener a la ciudadanía distraída y enfadada contra muñecos de paja mientras se sigue sin aportar soluciones eficaces.