Cómo disminuir el riesgo de incendios en un contexto de cambio climático global

Los graves incendios forestales del verano han demostrado que hemos entrado en la era de los incendios virulentos que no se pueden apagar de la forma tradicional. Llevábamos tiempo advirtiendo del advenimiento de este nuevo régimen de incendios, pero en agosto se desarrolló el que probablemente haya sido el primer complejo de incendios de estas nuevas características en el noroeste peninsular en varias décadas o centurias. La ciencia y la ingeniería forestal aún tienen que contestar muchas preguntas sobre las condiciones concretas de propagación de estos incendios, pero lo que sí tenemos claro es cómo se pueden afrontar, asumiendo que el riesgo va a ser alto mucho tiempo. Planteamos seis líneas básicas.

Autoprotección de los núcleos habitados

La seguridad de las personas y la protección de los pueblos son prioridades absolutas. Necesitamos franjas perimetrales alrededor de estos núcleos con estructuras de vegetación favorables, para lo que se deben implementar medidas de autoprotección ambiciosas. De lo contrario, los equipos de extinción deben abandonar los trabajos en los terrenos forestales para proteger casas y pueblos, lo que contribuye a que el sistema de extinción colapse: no se puede frenar el incendio en el monte, por lo que progresa hasta nuevas zonas habitadas, y así sucesivamente.

Montes aprovechados y pueblos vivos

La clave para prevenir incendios reside en un territorio gestionado, con comunidades rurales activas y conscientes de cómo pueden defender y mejorar su entorno. Nos hemos centrado en proteger (sic) la diversidad biológica y nos hemos olvidado de la cultural. Pero la primera depende de la segunda. Sólo cuando tenemos un territorio en mosaico, con una variedad de usos y aprovechamientos, con alternancia de tipos de vegetación y ecosistemas, logramos tener un territorio que se puede defender frente a los incendios forestales y una diversidad de hábitats que frena las pérdidas de biodiversidad. Y eso se logra con rentabilidad. No se trata únicamente de financiación pública, sino de la implantación en el territorio de cadenas de valor que generen riqueza y retribuyan la inversión, impulsando los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales para que estos se realicen de una forma organizada y coherente con una perspectiva de ordenación del territorio: no vale con una mera política de rentas tipo PAC.

Mejorar la infraestructura de caminos rurales

Para gestionar el territorio y para poder compartimentarlo de cara a la extinción es imprescindible que exista una red viaria densa y de calidad. Los terrenos alejados más de unos centenares de metros de un camino transitable están prácticamente abandonados. Por otra parte, los caminos son una pieza clave en la extinción de incendios forestales, e imprescindibles incluso en el interior de los espacios protegidos, donde se requiere una planificación aún más cuidadosa, que garantice la conservación de sus valores. Una red al servicio del cuidado y conservación de los ecosistemas, con la regulación adecuada.

Promover un cambio hacia ecosistemas menos vulnerables

No todos los ecosistemas arden con la misma facilidad, aunque cuando las condiciones resultan muy favorables a la propagación del fuego prácticamente todos pueden verse afectados. La acumulación de combustibles peligrosos no aumenta de forma progresiva, sino que a partir de cierto momento se invierte la tendencia: los bosques maduros por lo general suponen una mayor barrera frente a una rápida propagación del fuego que los quemados hace una década, por ejemplo. En consecuencia, no se trata de mantener montes con muy poca vegetación como medida de seguridad, sino de analizar en cada caso cómo reducir el riesgo y hacerlo.

Bomberos forestales que se dedican a los trabajos selvícolas y apagan incendios

Los grandes incendios se concentran en unos pocos días al año, en cierta medida previsibles según la hidratación de la vegetación y la meteorología. El resto del año, la labor de los profesionales puede y debe incluir la prevención, para poder evitar que esos incendios alcancen proporciones gigantescas. La preparación para el bombero forestal debe combinar el trabajo selvícola con una formación más específica en lucha contra el fuego: resulta clave saber moverse en el monte manejando las herramientas que luego se han de usar en la extinción. En consecuencia, los profesionales de la extinción deben ser también profesionales del monte y de su manejo.

Ante incendios virulentos hay que cambiar el paradigma de la extinción

Debido al cambio climático global, con temperaturas más elevadas, sequías más intensas, olas de calor más largas, inestabilidad atmosférica en altura y creciente acumulación de combustibles, ha cambiado la propagación del fuego y, por tanto, también deben hacerlo las tácticas de extinción. Cada vez hay que esperar condiciones más desfavorables, y por eso habrá que recurrir de forma habitual al uso del fuego como forma de extinción para aprovechar las ventanas de oportunidad que brindan los momentos, especialmente durante la noche, y los lugares de una propagación más lenta.

Resulta imprescindible que todas las comunidades autónomas formen grupos de especialistas entrenados en extinción con empleo del fuego y maquinaria, en nuevas técnicas de análisis y planificación para el apoyo en la toma de decisiones, operaciones y logística, así como en la evaluación de la eficacia de lo ejecutado. Las mejoras en la interoperabilidad entre comunidades son también urgentes, sobre todo porque los operativos regionales colapsarán cada vez más frecuentemente frente a episodios de este tipo.

Trabajar en estos seis ámbitos, desarrollados en el detalle adecuado, debe considerarse un asunto de Estado porque afecta a la práctica totalidad de la superficie nacional, y la crisis va a visitar a todas las comunidades antes o después. También porque se trata de un problema territorial que requiere de una financiación basada en el territorio que escapa al modelo imperante de financiación basado en la población. El esfuerzo financiero público requerido es muy abordable: un 0,5% del presupuesto de la Administración General del Estado transformaría radicalmente el problema en pocos años. Además, parte de las soluciones se asientan en la integración de la magnitud del peligro y de la necesidad de prevenirlo en diferentes políticas sectoriales a nivel europeo y nacional.