Nadie gana

Tres derechas distintas y aun opuestas (PP, Vox y Junts) ejercieron este miércoles de pinza parlamentaria para tumbar un decreto que contenía múltiples ayudas de carácter social. Quedan así sin aplicar la revalorización de las pensiones, las subvenciones a los usuarios del transporte público —jóvenes en su mayoría— y las transferencias a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma o a entidades públicas y empresas afectadas por la reciente dana.

El revés es múltiple y sobresalta hoy a millones de ciudadanos. El grupo principal lo componen los 12 millones de pensionistas. Entre ellos, los cerca de seis millones y medio que dejarán de percibir cada mes los 43 euros adicionales previstos para compensar la inflación del 2,8%. O los beneficiarios del ingreso mínimo vital, a quienes que se les incrementaba un 9% dicha prestación. Se trata pues de cantidades nada desdeñables orientadas a mejorar la situación de los más vulnerables, que además contaban ya con estos recursos.

Existe, por tanto, un hilo común entre los destinatarios del decreto rechazado ayer. Por ello, aunque se le ha aplicado el calificativo de ómnibus, en puridad no lo es: se encaminaba sobre todo a paliar situaciones de gran debilidad. Por eso tenía sentido agruparlos. La norma rechazada incluía otros asuntos más allá de la urgencia social, como las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, el alivio del 80% del peaje eléctrico a las industrias electrointensivas o las deducciones fiscales a los vehículos eléctricos. Ninguna se apartaba del consenso económico realmente existente en el hemiciclo.

No es idéntico el caso del retorno del edificio histórico que fue adquirido por el PNV en París en los años treinta del siglo pasado y luego requisado por la Gestapo, con la colaboración de la policía franquista, durante la ocupación. Una devolución prometida por el Gobierno de Rajoy y aprovechada ahora por el Ejecutivo progresista como parte de sus negociaciones con el PNV. Al meterlo en el mismo decreto, el Gobierno ofrecía una excusa a la oposición, cuyo único objetivo es el desgaste del Ejecutivo. Oposición que, en cualquier caso, tendrá que explicar qué objeta a la devolución de patrimonio incautado ilegalmente por el franquismo.

Es previsible que, antes de que este juego perverso cargue sobre los ciudadanos el coste de los intereses partidistas, se proceda al troceado de las diferentes normas para aprobarlas mediante mayorías cambiantes. Se podría haber hecho antes, y el Gobierno se hubiera ahorrado una derrota que escenifica de nuevo su debilidad parlamentaria. O no, porque la hoja de ruta de Junts empieza a ser incomprensible. ¿Contra qué ha votado exactamente? ¿Contra la revalorización de las pensiones, el socorro a los afectados por la dana o la devolución del patrimonio histórico a sus antiguos aliados vascos?

Las mismas preguntas cabría hacer al PP, que ha perdido una ocasión inmejorable de presentarse ante los españoles como una formación que pone la resolución de los problemas y el alivio de los sectores necesitados de políticas públicas por encima del desgaste al Gobierno. Nadie gana en este partido, que siembra inquietud entre los beneficiarios de las medidas incluidas en el decreto. Todo es parlamentariamente legítimo, pero revela una vocación de vuelo gallináceo si tenemos en cuenta los acuciantes problemas geopolíticos que afrontan España y el conjunto de la UE. Y que se ciernen más amenazadoramente, por cierto, sobre los más débiles.