Ayudas públicas para la prensa

La aprobación por parte del Gobierno de ayudas a los medios de comunicación por valor de 124,5 millones de euros es un paso más del Plan de Acción por la Democracia. El Ejecutivo las justifica en que el mercado de los medios sufre fallos que están erosionando el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz, que es “el fundamento para la formación de una opinión pública libre”.

Las ayudas se dirigen a impulsar la digitalización de los medios para tratar de asegurar la pluralidad preservando la competitividad de la prensa rigurosa, cuyo trabajo se ve penalizado en internet hasta el punto de impedirle competir en igualdad de condiciones. Los motores de búsqueda y las redes sociales han absorbido buena parte de la inversión publicitaria (el 50% en España), y esas plataformas, en su apuesta por las audiencias masivas, privilegian a medios digitales abonados al clickbait y los bulos.

El problema no solo ha sido detectado por las autoridades españolas, sino también por las comunitarias, que en marzo aprobaron la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, de obligado cumplimiento para los Veintisiete a partir de agosto de 2025. Ese reglamento busca proteger el trabajo de los periodistas, defender la transparencia sobre la propiedad de los medios, garantizar la asignación equitativa de la publicidad institucional y proteger las cabeceras europeas frente a las grandes plataformas.

Si el menoscabo del derecho a la información no es un asunto exclusivamente nacional, tampoco lo son las potenciales soluciones: las ayudas directas a los medios no son una rareza en el continente. Países como Francia, Italia, Suecia o Austria las han activado por entender que es un mecanismo útil para fomentar el pluralismo y evitar el deterioro de la democracia. Según un informe encargado por la Comisión Europea, los países de la UE han asignado 1.320 millones de euros a este concepto, aparte de la publicidad institucional y las reducciones de IVA. España era de los pocos países de la Unión sin un mecanismo similar. Ni siquiera mediante el uso de los fondos Next Generation, implementados para hacer frente a las secuelas económicas de la pandemia.

Uno de los segmentos que más sufren el fallo del mercado —agravado por la propia pandemia— es el de los medios impresos, que basan parte de su viabilidad en la distribución de ejemplares de papel y necesitan redacciones bien dotadas para alimentarlos de noticias contrastadas. Es comprensible, pues, que la partida que le asigna el Gobierno (65 millones) sea la mayor de los seis programas —dedicados a la ciberseguridad, los datos o la Inteligencia artificial— del nuevo plan.

Estas ayudas son un primer paso que no puede hacer olvidar otros problemas estructurales. La irrupción de nuevos formatos de transmisión de la información ha obligado a una compleja reconversión para responder tanto a la ruptura del mercado publicitario como a la pérdida de poder negociador de las empresas editoras frente a colosales plataformas digitales como Google y Meta, con sede fuera de la UE. A ello se suma el hecho de que cada vez más ciudadanos se consideren suficientemente informados a través de redes como TikTok o X, que igualan —cuando no desprecian, como es el caso de la de Elon Musk— los contenidos de medios rigurosos con productos diseñados para la viralidad mediante un ingrediente letal para la democracia: la desinformación.