Jueces en celo

La acumulación de iniciativas y decisiones judiciales que golpean al Gobierno y sus aledaños es verdaderamente extraordinaria. Hasta ahora la resistencia judicial al Ejecutivo se había limitado a las leyes que se iban aprobando. El Tribunal Supremo, por ejemplo, ha retorcido el derecho hasta límites insospechados con tal de boicotear la aplicación de la ley de amnistía. A este tipo de maniobras de apariencia jurídica y motivación política ya nos habíamos acostumbrado. Pero ahora nos encontramos en una fase distinta, en la que la fuerza de la ley se dirige contra personas concretas, haciendo las delicias de la prensa más rabiosamente antisanchista.

Se están mezclando asuntos muy diferentes. Mientras que nadie duda del foco de corrupción que toca de cerca al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE (la trama en la que aparecen Koldo García y José Luis Ábalos), los otros casos resultan más dudosos. Por un lado, en estrecha conexión con la citada trama, se encuentran las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, que incriminan gravemente a varios miembros del Gobierno y gracias a las cuales ha conseguido salir de la cárcel, donde se encontraba por un fraude económico millonario que nada tiene que ver ni con el Gobierno ni con el PSOE. El fiscal de la Audiencia Nacional no se lo pensó dos veces y solicitó la libertad inmediata de Aldama tan pronto como este empezó a cantar contra el Ejecutivo. Por otro lado, están las causas contra la mujer y el hermano del presidente, cuyo origen se sitúa en denuncias de la asociación ultraderechista Manos Limpias. Esta asociación es bien conocida por especializarse en algo muy parecido a la extorsión: obtenía ventajosos acuerdos comerciales de grandes empresas a cambio de no llevarlas a los tribunales. Manos Limpias fue condenada por la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo recientemente la absolvió porque “no se alcanza para colmar el concepto de intimidación que, en paridad con el de violencia, constituye elemento típico del delito de extorsión”.

Finalmente, se encuentra el caso verdaderamente escabroso del fiscal general del Estado, acusado por la filtración de unos correos que desmontaban los bulos lanzados por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Como saben, la pareja de la presidenta madrileña ha reconocido haber cometido un delito fiscal por unas comisiones millonarias derivadas de la compraventa de mascarillas durante la covid (peccata minuta en comparación con los crímenes cometidos por la esposa de Sánchez). El magistrado del Tribunal Supremo que lleva el caso de la filtración, Ángel Hurtado, en una decisión muy controvertida, mandó requisar los aparatos electrónicos del fiscal, consiguiendo acceso a las comunicaciones oficiales y personales del investigado. Lo que ha logrado este paladín de la lucha contra las filtraciones es que se hayan empezado a filtrar los mensajes que contenían los dispositivos del fiscal general. Al margen de la desproporción de las medidas tomadas por Hurtado, él mismo ha originado una situación insostenible al posibilitar nuevas filtraciones. Todas las filtraciones son igualmente delictivas, pero algunas son más delictivas que otras.

No es mi propósito en absoluto cuestionar los fundamentos jurídicos de las decisiones que están tomando los tribunales involucrados en estos casos. Sin embargo, sí me gustaría recordar que el ámbito en el que se puede observar la falta de parcialidad de la justicia no es solo el del desarrollo y conclusión de los procesos judiciales; en realidad, puede haber parcialidad en muchos otros aspectos, desde la admisión a trámite de ciertos asuntos hasta el grado de determinación que muestren los jueces en la persecución del delito. Una sentencia puede ser justa contemplada en sí misma, pero injusta si un caso similar no recibió un tratamiento parecido. Quizá sea más instructivo examinar el conjunto de casos que cada caso por separado: a través del acumulado se advierten patrones de conducta que revelan los objetivos últimos de ciertos jueces.

Pues bien, cuando se observa la superposición de estos casos judiciales, parece que algunos jueces aplican un celo excepcional al sopesar las denuncias que se presentan contra el Gobierno o el PSOE. Es como una especie de huelga de celo selectiva. Consiste en aplicar la ley con escrupulosidad extrema cuando las denuncias van en una cierta dirección. No se trata necesariamente de prevaricar ni de aplicar torticeramente la ley, sino de establecer unos niveles de exigencia que no se cumplen en casos parecidos. El ejemplo más obvio es el de la filtración de la que se acusa al fiscal general. Por supuesto que una filtración puede ser un delito, pero llama la atención que la filtración sobre los delitos de la pareja de Díaz Ayuso merezca el esfuerzo ímprobo del magistrado Hurtado cuando en España hay filtraciones judiciales constantemente y no se investigan porque los jueces consideran que sería muy difícil descubrir la autoría de las mismas, empezando por las filtraciones del propio procedimiento del que Hurtado es responsable.

Peor todavía, las filtraciones a medios “amigos” (El Mundo, Okdiario) que se realizaron desde el Ministerio del Interior en la época de Mariano Rajoy, con acusaciones falsas contra los líderes de Podemos y del independentismo catalán, no han merecido aún la atención de los jueces, a pesar de que supusieron una quiebra grave del Estado de derecho y de las reglas más elementales de la democracia. Se filtró desde el Estado información falsa para perjudicar a formaciones políticas rivales. Compárese eso con la gravedad de una filtración (cuyo origen aún no se ha determinado) para desmentir los bulos que lanza el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid en un intento desesperado por tapar el delito fiscal de la pareja de Díaz Ayuso. Gracias a la pasividad judicial, las filtraciones de la época de Rajoy, bien documentadas a día de hoy, no han supuesto un gran escándalo, mientras que la filtración de los correos sobre la pareja de la presidenta madrileña se ha convertido en una tormenta política con fuerte aparato eléctrico.

El mismo celo se advierte en la investigación sobre Begoña Gómez. Ni la celeridad con la que el juez llama a testigos e imputa a quienes han tenido alguna relación con la investigada, ni la exhaustividad con la que va abriendo distintas líneas de investigación para ver si pesca algo, son habituales en nuestro sistema judicial. Pero esta causa lo merece, quién va a dudar de ello, lo mismo termina sirviendo para imputar al propio Pedro Sánchez.

La conclusión de que hay un celo selectivo entre nuestros jueces más conservadores no requiere suponer una coordinación estratégica o un cerebro en la sombra. Basta con que tengan los mismos valores y motivaciones y, animados por la coincidencia ideológica y el espíritu corporativo, se cubran unos a otros cuando lleguen las quejas y los recursos. Con todo ello, más el apoyo cerrado de los medios derechistas, se sienten suficientemente protegidos.

Es inevitable maliciarse que el celo judicial contra el Gobierno se origina por un rechazo visceral a sus políticas. Algunos jueces conservadores sienten que el Ejecutivo debe pagar por decisiones que ellos consideran intolerables o ilegítimas (como botón de muestra, ahí tienen las zafias declaraciones del juez Eloy Velasco). La ironía es que una vez instalada la sospecha de parcialidad de los tribunales, será muy difícil separar el grano de la paja y exigir responsabilidades al Gobierno por los abusos de poder que haya podido cometer.