La oportunidad de Junts

El congreso que Junts per Catalunya ha celebrado este fin de semana deja un partido con un poder más centralizado en la figura de Carles Puigdemont, con una presencia residual de los afines a la hasta ahora presidenta, Laura Borràs —los menos proclives a cualquier tipo de giro pragmático—, y con dudas sobre el papel que desempeñarán a partir de ahora antiguos dirigentes de Convergència i Unió, que han recuperado posiciones. Los primeros pasos dados durante el cónclave dibujan un partido que aspira a volver a ser fuerte desde el ámbito del centroderecha liberal en Cataluña, pero sin abandonar del todo su apuesta por la independencia unilateral que provocó la gran crisis constitucional de otoño de 2017, con costes todavía pendientes de reparar, y sin aterrizar por tanto retóricamente en la realidad catalana, española y europea.

Solo alguien con el liderazgo político que Puigdemont sigue manteniendo entre los suyos puede ser capaz de combinar las pulsiones rupturistas con las presiones, tanto externas como internas, para que Junts se convierta en un actor fiable y previsible a la hora de tejer pactos y, eventualmente, una alternativa de gobierno en Cataluña. La llamada hecha este domingo por Puigdemont para recuperar la “centralidad” y la “transversalidad” puede apuntar en esa dirección, aunque las incógnitas sobre ello son mayúsculas, especialmente si se tiene en cuenta de dónde viene el partido.

El ahora presidente de Junts tendrá que leer bien la realidad de la Cataluña de 2024, que poco tiene que ver con la que dejó en 2017. Deberá hacerlo con la dificultad que entraña para su proyecto y para su persona que la gran apuesta de la formación en los últimos 15 meses, apoyar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una ley de amnistía, siga sin tener los efectos deseados por los tropiezos en el Tribunal Supremo y en otras instancias al aplicar una ley aprobada con todas las garantías en las Cortes Generales.

Leer bien la realidad y dar soluciones a los problemas que afectan a los ciudadanos es el gran reto de todos los partidos de tradición democrática, y lo es especialmente en Cataluña, donde la primera preocupación de los ciudadanos, según la última encuesta de la Generalitat, es precisamente la insatisfacción con la política. Buena muestra de ello es que el Parlamento catalán tenga representación no de un partido de extrema derecha, sino de dos, tras la irrupción de Aliança Catalana en las últimas elecciones autonómicas. El segundo problema, el del acceso a la vivienda, requerirá también de una posición clara por parte de Junts, habida cuenta de su peso municipalista y tras los vaivenes de la formación, que impidió con sus votos tramitar una ley para regular los alquileres de temporada el mes pasado.

El de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, que es el tercer problema que más preocupa a los catalanes, es el que genera en estos momentos los principales conflictos en Junts. La defensa de la independencia, incluso unilateral —aun después de comprobar la fortaleza del Estado y el nulo apoyo internacional—, choca con un independentismo desmovilizado precisamente por las falsas promesas de 2017 y las posteriores consecuencias legales. Para abordarlo resultará necesario que la nueva dirección de Junts sea capaz de distinguir entre la legítima defensa de sus postulados políticos secesionistas y la mayoritaria demanda de tejer acuerdos en todas las instituciones, también en los parlamentos, para solucionar problemas y no seguir alimentando la insatisfacción con la política. El reto es mayúsculo, pero el momento se puede entender también como una oportunidad para que Junts entienda el momento histórico, asuma sus responsabilidades y abandone la tentación antisistema vinculada al destino de un solo hombre. La negociación de los Presupuestos es una primera prueba de esa supuesta vocación pragmática.