Pobres víctimas del terrorismo

He conocido personalmente a víctimas del terrorismo. Factores que poco o nada tienen que ver con la práctica de la política, como la pena o el deseo de coherencia ética, de escasa utilidad para la obtención de poder, me llevaron a tratar con algunas de ellas. En sucesivos encuentros, supe del destino doloroso que les impusieron; las oí evocar a familiares asesinados, no raras veces en circunstancias de calculada y eficiente crueldad, y he tenido conocimiento de las muy distintas afecciones psicológicas que el sufrimiento les infirió. No abrigo duda de que la condición de víctima es para toda la vida, por más que el tiempo, la solidaridad ajena o la ejecución cabal de la justicia puedan aportar cierto alivio o consuelo. No es lo mismo morir en un accidente de tráfico que porque gente armada, movida de convicciones absolutas, se organice para matar. Hay quienes consideran atenuante esta particularidad. Allá ellos. Puestos a elegir, preferiría que me atacasen para robarme la cartera a que lo hicieran para consumar a costa de mi sangre un proyecto, mancillándome además de culpa. España es un país desfavorable para las víctimas del terrorismo. Con menosprecio de su dolor, el Gobierno actual ha perpetrado un cambalache turbio. Añade humillación la niñería del portavoz del PP, señor Tellado, al mostrar en el Congreso, sin consentimiento de los familiares y con correligionaria a su lado mondándose de risa, un cartel con fotos de socialistas asesinados. Yo conocí en persona a uno de los retratados, al senador Enrique Casas, cuya muerte, como quizá sepa quien lee libros, no fue obra de ETA. Tampoco termina ahí la historia. Semanas después del crimen, la policía liquidó a quemarropa, con ocasión de una emboscada en el puerto de Pasajes, a cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, organización responsable del asesinato de Casas. ¿Qué más da la verdad cuando ni siquiera hay verdad personal?