Históricos dirigentes de ETA como Txapote y Kantauri podrían ser excarcelados en 2025 gracias a la reforma legal que convalida penas

La reforma legal que permite convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en Francia beneficiaría a unos 40 presos etarras, de los cuales 23 fueron condenados con delitos de sangre, según se recoge en un dosier elaborado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Entre esos favorecidos se encuentra uno de los más sanguinarios de la banda, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, implicado en los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica y José Luis López de la Calle. También beneficiaría a José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, con una larga actividad criminal en ETA. Según los cálculos del citado colectivo de víctimas, la puesta en libertad de ambos se podría formalizar en 2025. Según cálculos del Partido Popular, que votó a favor de la medida junto al resto de fuerzas parlamentarias aunque asegura que lo hizo “por error”, son 44 los etarras que podrían beneficiarse.

La AVT ya denunció en 2022 “ciertas maniobras” impulsadas durante los años precedentes para modificar el marco legal “en beneficio de los terroristas” de ETA con la finalidad de “acortar la estancia en prisión” de estos reclusos y “facilitarles el acceso al tercer grado o a la libertad condicional”.

La reforma, que ya ha pasado por el Congreso y a la que ningún partido se opuso, ha levantado una gran polvareda política porque su contenido había pasado aparentemente desaparecido. La iniciativa ha modificado la trasposición de la normativa de la UE para homogeneizar el cumplimiento de las penas en los países miembros de la UE para que una persona no cumpla por un mismo delito dos o más condenas en diferentes Estados. Esta adaptación de la normativa europea a la legislación española ya se aprobó en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy gracias a su mayoría absoluta, pero entonces tenía una disposición adicional de 36 palabras que supuso que la norma no beneficiara en aquel momento a 69 presos de ETA que cumplían condena en España tras haber pasado por cárceles francesas. PP y Vox han alegado este lunes que no eran conscientes de su contenido cuando la aprobaron en el Congreso porque era una enmienda incluida en otra ley. Los populares han pedido al Gobierno que la retire y han avanzado que pedirán a la mesa que no se vote mañana y buscarán “cualquier alternativa jurídica o parlamentaria” para evitar su aplicación. En principio, el cambio legal culmina su trámite este martes en el Senado y no tiene aparente vuelta atrás porque no ha recibido ni enmiendas ni vetos en la Cámara alta.

La derogación de este punto de la ley que impedía la aplicación de la directiva a los presos de ETA ha sido una de las reivindicaciones planteadas por la red social Sare, que dirige el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, según fuentes de la AVT. El colectivo de víctimas ha pedido este lunes que la modificación legal sea tumbada en el Senado y otras asociaciones como Dignidad y Justicia (DyJ) han reclamado explicaciones al considerar que lo ocurrido “no tiene disculpa”.

En el listado de beneficiarios se incluyen reclusos que llegaron a cumplir hasta 23 años y un mes de cárcel en Francia, como Félix Alberto López de Lacaller Gauna, alias Mobutu, quien cumple condena en España hasta 2026 y que con el descuento que se le aplicaría podría haber estado en libertad desde 2013. Txapote, que permanece entre rejas en una prisión del País Vasco desde 2022, termina su pena oficialmente en febrero de 2031, pero ya estuvo encarcelado en el país vecino durante seis años y nueve meses antes de su extradición, por lo que su salida podría llegar el año próximo.

Otra etarra, Irantzu Gallastegi Sodupe, Amaia, —pareja de Txapote— también figura en el listado de etarras encarcelados en Francia. Su condena expira en mayo de 2032 y estuvo seis años y tres meses privada de libertad en el país galo, por lo que podría salir de prisión en 2026. En una situación parecida se encuentra José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, cuya puesta en libertad se podría formalizar en 2025, siete años y ocho meses antes de lo previsto, si finalmente se le descuentan el tiempo que estuvo encarcelado en Francia.