Horror en Haití

La violencia y la miseria marcan la vida cotidiana en Haití desde hace años, pero la semana pasada el horror alcanzó cotas nuevas incluso en la dramática rutina del país caribeño. La matanza perpetrada por un escuadrón de hombres armados en una localidad a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe es la enésima prueba de la descomposición de las instituciones en un territorio sumido en el caos desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Un grupo de sicarios de una banda conocida como Grand Grif irrumpió en Pont Sondé y acribilló a 70 personas, quemó viviendas y vehículos, y arrasó todo a su paso.

El ataque no tiene precedentes. Se produjo ante la negativa de los conductores de la región a pagar extorsiones al crimen organizado y después de que Estados Unidos y la ONU anunciaran sanciones contra el líder de esa banda, Luckson Élan. Esta es la dinámica perversa de Haití: las autoridades han sucumbido ante las amenazas de la delincuencia, que de facto ha tomado el control de partes del país. Las consecuencias son una corrupción galopante y una violencia sin freno que ha forzado un éxodo masivo y desplazamientos internos. Según Naciones Unidas, cerca de 4.000 personas fueron víctimas directas de las pandillas, entre muertos y heridos, en el primer semestre del año.

La crisis permanente de Haití se agudizó tras el terremoto de 2010. El magnicidio de Moïse aceleró el colapso. Desde entonces, las élites políticas y económicas han sido incapaces de fijar un camino hacia unas elecciones con estándares democráticos. En febrero, en una situación de descontrol insostenible, renunció el primer ministro, Ariel Henry, en el poder desde 2021. El principal capo criminal del país, el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, le había amenazado con una “guerra civil” si no dimitía. Semanas después se conformó un Consejo Presidencial de Transición encargado de elaborar un calendario electoral.

Ahora la principal autoridad del país es el ex primer ministro Garry Conille. Tras la matanza, viajó a Kenia y a Emiratos Árabes Unidos a pedir recursos para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, un mecanismo autorizado por la ONU. Los 400 agentes de la misión son muy insuficientes para hacer frente a unas pandillas convertidas en el principal poder fáctico de Puerto Príncipe.

Cualquier fórmula de ayuda desde el exterior se ha estrellado. Es evidente que el respaldo de los organismos multilaterales no ha bastado, y tampoco el interés de Estados Unidos, que la semana pasada eliminó la protección humanitaria para medio millón de haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Es necesario incrementar la inversión y los recursos internacionales para poder vislumbrar una salida. Sus líderes políticos han sido expulsados por el crimen organizado. Haití ya es un reto de la región y la prioridad de todos debe ser erradicar la violencia y su principal aliada, la corrupción estructural.