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Artibonito, de región agrícola a nuevo valle del crimen en Haití

El ataque armado que dejó la semana pasada decenas de muertos en la comunidad de Pont-Sondé agrava la violencia en una zona donde la inseguridad ha desplazado a miles y ha dejado cientos de víctimas

Agentes de policía dispersan a manifestantes que exigían seguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de agosto de 2024.
Agentes de policía dispersan a manifestantes que exigían seguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de agosto de 2024.Ralph Tedy Erol (REUTERS)

La madrugada del 3 de octubre de 2024, la comunidad de Pont-Sondé, ubicada en la quinta sección de Saint-Marc en el departamento central del Artibonito, fue escenario de una masacre. Un grupo armado, identificado como la pandilla Gran Grif, de Savien, atacó a la población civil, dejando a su paso una estela de muerte y destrucción. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa haitiano, al menos 54 personas perdieron la vida en el ataque, mientras que otras tantas resultaron gravemente heridas. Naciones Unidas, sin embargo, situó el número de fallecidos en 70, entre ellos tres bebés.

Este violento episodio no fue inesperado en un país que lleva años sumido en la violencia de las pandillas. La noche anterior, Luckson Élan, líder de Gran Grif, había advertido de su intención de tomar represalias contra la comunidad. La razón de esta brutal agresión, según Bertide Horace, una figura destacada de la región, fue “la negativa de un grupo de conductores a pagar las exorbitantes tarifas impuestas por los bandidos en un peaje ilegal en Carrefour Pèye”. Los autobuses debían pagar 2.500 gourdes (unos 19 dólares) y las motocicletas 500 gourdes (menos de 4) para circular por las rutas controladas por la pandilla. La resistencia de los conductores provocó la ira de Élan, quien cumplió su promesa de castigar a la comunidad.

Pont-Sondé, una localidad rural en el bajo Artibonito, se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto entre las pandillas armadas y la población civil en Haití. La zona, históricamente agrícola y conocida por su producción de arroz, ha sido un blanco fácil para los grupos criminales que, aprovechando la ausencia de fuerzas de seguridad, imponen su ley mediante la violencia y el saqueo.

Una comunidad atrapada entre la violencia y el abandono

El ataque a Pont-Sondé comenzó a las tres de la madrugada, cuando los miembros de la pandilla ingresaron al pueblo sin encontrar resistencia. Los pocos agentes de la policía local presentes no pudieron hacer nada para detener el avance de los “bandidos”, quienes dispararon indiscriminadamente contra los habitantes dejando un rastro de sangre y decenas de víctimas a su paso.

Los sobrevivientes, muchos de ellos con heridas graves, fueron trasladados de emergencia al hospital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Las escenas de caos y desesperación describen a una comunidad que intenta recuperarse del impacto de la tragedia, mientras sus habitantes gritan pidiendo auxilio.

Un miembro de una pandilla en Puerto Princípe, el 22 de febrero de 2024.
Un miembro de una pandilla en Puerto Princípe, el 22 de febrero de 2024.Giles Clarke (Getty Images)

Este no es el primer episodio de violencia extrema que vive la región. Según informes de organizaciones locales y de la ONU, el departamento del Artibonite ha sido escenario de repetidos ataques por parte de pandillas desde al menos 2022. En ese año, el jefe de la pandilla Lika, Widzer Estimable, murió durante un enfrentamiento con la policía, desencadenando una serie de represalias violentas por parte de sus seguidores. Desde entonces, las pandillas han consolidado su control sobre el bajo Artibonito, obligando a miles de campesinos a abandonar sus tierras y desatando una crisis humanitaria en la región.

El valle de Artibonito, con más de 28.000 hectáreas dedicadas al cultivo de arroz, se ha visto gravemente afectado por la criminalidad. Según el Programa Mundial de Alimentos, al menos 5.000 hectáreas de tierras agrícolas fueron abandonadas en 2023 debido a la violencia, lo que ha contribuido a una disminución en la producción de alimentos y a una creciente inseguridad alimentaria en la zona.

Además de los ataques contra los campesinos, las pandillas han impuesto su ley mediante el secuestro, el robo de ganado y los abusos sexuales. La Plataforma de Mujeres Organizadas para el Desarrollo de Artibonite (Plafoda) reportó más de 1.370 casos de violaciones entre abril de 2023 y marzo de 2024, evidenciando el nivel de vulnerabilidad de las comunidades rurales en el departamento.

Resistencia popular

En medio del terror, algunos ciudadanos han intentado organizarse para resistir. En comunas como Liancourt y Petite-Rivière, los habitantes formaron brigadas de autodefensa en 2022, con la esperanza de frenar el avance de las pandillas. Armados con machetes y bidones de gasolina, los jóvenes locales se turnaban para vigilar las entradas a sus pueblos. Sin embargo, la falta de recursos y apoyo externo debilitó rápidamente estos esfuerzos, permitiendo que los grupos armados retomaran el control.

A pesar de los llamados desesperados de líderes comunitarios, como el educador Abner Joseph y la feminista Christianne Marie-Jeanne, las autoridades gubernamentales han mostrado una alarmante inacción frente a la creciente crisis. Joseph acusó a los líderes políticos y a ciertos actores del sector privado de complicidad con las pandillas, afirmando que sus intereses comerciales han contribuido a la destrucción de la producción nacional.

El primer ministro haitiano, Garry Conille, visita a las víctimas de los ataques en Artibonito, Haití, el pasado 5 de octubre.
El primer ministro haitiano, Garry Conille, visita a las víctimas de los ataques en Artibonito, Haití, el pasado 5 de octubre.Reuters TV (via REUTERS TV)

El Gobierno haitiano, por su parte, se ha limitado a enviar fuerzas policiales en operaciones temporales que han mostrado ser ineficaces. El comisionado gubernamental François Venson, afirmó que la Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden (UDMO) y la Unidad Temporal Anti-Pandillas (UTAG) habían retomado el control de la situación en Pont-Sondé tras el ataque. Sin embargo, el despliegue de las fuerzas policiales llegó demasiado tarde, y el temor persiste entre los habitantes de la región.

El ataque a Pont-Sondé es solo un reflejo más de la grave crisis que atraviesa Haití, donde el crimen organizado ha tomado el control de vastas regiones del país, ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. “En el caso de Artibonite, la situación se agrava por la importancia económica de la región, que alguna vez fue el corazón agrícola del país”, indicó el politólogo haitiano Jean Jacques Joseph.

Las pandillas no solo han destruido la vida de los campesinos, sino que también han asfixiado las instituciones locales. “Escuelas, hospitales y oficinas del Gobierno han dejado de funcionar en comunas como Petite-Rivière, donde el mercado público y las infraestructuras básicas ahora están bajo control de los bandidos”, reiteró Joseph. La comunidad de Pont-Sondé, al igual que otras zonas del Artibonito, enfrenta un futuro incierto, marcado por el dolor de la pérdida y el temor a nuevos ataques.

El panorama de violencia y desolación que se vive en el bajo Artibonito es un recordatorio trágico del impacto devastador de la inseguridad en Haití. “Sin una intervención efectiva del Gobierno y la comunidad internacional, la región podría seguir hundiéndose en el caos, dejando a su población a merced de las pandillas que ahora dominan el valle del crimen”, arrojó con preocupación el escritor y politólogo Lyonel Trouillot.


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