Desplazados en nombre de la seguridad: Haití despoja de sus viviendas a más de 900 familias

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Gaëlle Moulante es madre de seis hijos y sobreviviente de la violencia de las pandillas que azota su país, Haití. “Los bandidos entraron a mi casa, me violaron a mí y a mi hija, y me infectaron con el VIH. Ahora estoy en este centro de refugio porque nos quitaron nuestro hogar para demolerlo. No tengo a dónde ir…”, explica esta señora de 57 años que asegura “estar enloqueciendo” e incluso haber pensado en el suicidio: “La inseguridad me lo quitó todo y el Gobierno también”.

Como Gaëlle, un número creciente de personas se han convertido en víctimas colaterales de la escalada de violencia que ha causado desplazamientos masivos dentro y fuera del país. Se calcula que al menos 1.700.000 haitianos viven en el exterior, según los últimos datos publicados por la ONU. Sin embargo, un 2% de los 362.000 desplazados internos se han mantenido a la sombra. Según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos en Haití (Rnddh), 7240 haitianos han sido víctimas de las demoliciones que el Gobierno llevó a cabo en más de 900 casas situadas a 40 metros de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.

El objetivo de esta operación es garantizar la protección de los pasajeros y el personal, según la versión oficial. Esta también indica que estas demoliciones están ligadas a la preparación del país ante la llegada en las próximas semanas de mil policías kenianos para frenar la violencia contra las pandillas que, según la ONU, controlan más del 80% de la capital.

Tabarre, el distrito en el que se encuentra el aeropuerto de Puerto Príncipe, empezó el 29 de mayo la tercera etapa del proyecto de demolición que arrancó en abril. Todas las casas ubicadas a 40 metros de la terminal serán derribadas antes del próximo mes, cuando llegue la Misión de Apoyo en Seguridad en Haití. La casa de Gaëlle ya no existe. Zonas como Foyer Divin, Sarthe, Lakou Malot y Drouillard están afectadas por esta medida, según ha confirmado la alcaldesa de Tabarre, Nice Simon. “El objetivo de este proyecto ha sido ampliar y garantizar la seguridad del aeropuerto hasta llegar a la carretera nacional principal”, dice.

Buscar responsables parece una tarea imposible. Según las autoridades locales, este proceso forma parte de una política de seguridad y modernización de las infraestructuras aeroportuarias en Haití. Por su parte, el ministro de la Defensa, Enold Joseph, aseguró que las aerolíneas habían solicitado la demolición para reanudar sus vuelos, exigiendo la protección del aeropuerto atacado previamente por las pandillas desde estas propiedades. Pero tanto un miembro del personal del aeropuerto, quién pidió no ser identificado por su seguridad, como el director general de la Oficina Nacional de Aviación Civil, Laurent Joseph Dumas, informaron al diario nacional Le Nouvelliste sobre posibles construcciones de bodegas para la base militar que se necesita en el país para la intervención de las fuerzas multinacionales .

La primera etapa concluyó en abril con la expulsión de 183 familias. Cada una de ellas debió haber recibido una indemnización que oscila entre los 3.700 y 240.000 dólares, según el compromiso que asumió el ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, muchos damnificados denuncian no haber obtenido ninguna ayuda, incluida Gaëlle. Desde el 29 de marzo, vive en una escuela convertida en un refugio improvisado. En aulas de 20 metros cuadrados, viven unas 30 personas. Cada una cuenta con dos colchonetas por familia.

Estos desplazados internos viven entre montañas de basura en el patio, charcos de agua estancada invadidos por moscas, vendedoras de comida rápida, clientes engañando su hambre con la nariz en un plato escaso, idas y venidas de una multitud de gente, jóvenes jugando al dominó y mujeres agachadas frente a cubetas de plástico preparando maïs moulu -una especie de polenta al estilo haitiano- para alimentar a cuantas personas puedan recibir un plato. Ese es un día en la entrada del campamento del antiguo edificio del Ministerio de Educación Nacional.

Unos pasos más allá, a lo largo de las carpas donde se hacinan las familias desalojadas, una mujer de mediana edad mata el tiempo en un aula. Hundida en un sillón, Analouise Almonor conversa con su marido en situación de discapacidad. Su conversación gira en torno a esta gran dificultad y al alto costo para satisfacer sus necesidades fisiológicas. El Liceo Marie-Jeanne, el Liceo des Jeunes Filles y el Liceo Anténor Firmin son otras escuelas que acogen desplazados.

“Empezar con el pie izquierdo”

Abandonadas y cubiertas de vegetación y maleza. Así están las instalaciones de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah) en Puerto Príncipe a tres kilómetros del aeropuerto, una operación que, desde su llegada al país, ha sido controvertida.

Las fuerzas extranjeras llegaron a Haití en 2004 tras la destitución del expresidente Jean-Bertrand Aristide para poner fin a la violencia que había atrapado al país en medio del caos político. Y si bien algunos funcionarios de la ONU elogiaron la misión por restablecer el orden en el país y fortalecer las instituciones democráticas, muchos haitianos argumentan que causó más daños que beneficios como su responsabilidad en el brote de cólera de 2010 o los escándalos de abuso sexual.

Por eso, los activistas van con pies de plomo ante esta nueva operación. “Tenemos hasta ahora 50 denuncias de familias afectadas”, declaró Rosy Auguste, de la RNDDH. “Lo perdieron todo, no tuvieron tiempo ni siquiera de sacar sus pertenencias”. Para Pierre Espérance, director de la entidad, esta es una forma de “empezar con el pie izquierdo” esta intervención. “Los fondos del ministerio de economía y finanzas no van a poder cubrir a todas las familias que fueron despojadas de sus vidas para beneficiar la base militar de fuerzas internacionales”. Tras publicar el dossier sobre esta investigación, Espérance ha recibido varias amenazas de los grupos armados que controlan la capital haitiana y otras anónimas.

El control del aeropuerto es fundamental tanto para el Gobierno como para las pandillas, que en febrero intentaron tomarlo para evitar que el ex primer ministro Ariel Henry regresara al país. El grupo armado de “Viv Ansanm” -Vivir Juntos- trató de hacerse con la terminal el 4 de marzo, contra la que lanzó un ataque armado en un operativo tras varios días de ofensivas coordinadas en la capital que llevaron a la fuga de miles de presos, incluidos varios miembros de pandillas.

El desplazamiento interno, un fenómeno sin precedentes

De febrero a abril, los bandi (como llaman los haitianos en creole a los pandilleros) lanzaron varios ataques armados en la capital haitiana. Saquearon casas y causaron desorden y desplazaron a 5.100 personas, según los registros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Un año antes, más de 90.000 personas se vieron obligadas a abandonar la capital, y otras 95.000 dejaron la zona metropolitana de Puerto Príncipe para instalarse en otras localidades del país.

Gaëlle es una de esas desplazadas. Acudió al Lycée des Jeunes Filles con sus seis hijos, una escuela que se ha convertido en el hogar de más de 1.700 personas que perdieron sus casas. Pero estos lugares no están preparados para recibir a familias que huyen de la violencia. Las condiciones de higiene y saneamiento son deplorables. Un comunicado del Ministerio de Educación revela que el 34% de estos centros no tienen ningún baño y el 66% tienen baños colectivos en mal estado o no funcionales. Además, solo tienen acceso a agua potable el 20% del tiempo. “Solo tenemos agua cuando los camiones cisterna pueden traerla”, le dice Jean Luque Chanel, líder del campo de refugiados del Liceo Jeunes Filles a América Futura.

El desplazamiento no ha hecho más que aumentar los riesgos a los que está expuesta la población haitiana en su vida cotidiana. Las decenas de miles de desplazados se han vuelto cada vez más vulnerables. “La situación se agravó con la temporada de lluvias, que provocó fuertes inundaciones en algunas zonas de Puerto Príncipe y la reaparición de casos de cólera”, añadió Auguste.

Gaëlle ha perdido la esperanza en el Consejo Presidencial de Transición (CPT) - el Gobierno que se encargará de celebrar comicios en un plazo de dos años- pero también en las intervenciones internacionales: “¿Cómo es posible que nos sucedan todas estas cosas por proteger a los extranjeros? ¿Quién nos protege a nosotros?”. Ahora solo se aferra a su “nueva familia”, las personas con quien comparte el día a día en el campamento de refugiados, donde muchos esperan la salvación.