Maduro endurece la represión

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lleva más de un mes tratando de convertir a Edmundo González Urrutia en el enemigo público número uno del chavismo. El lunes, la Fiscalía, controlada por el Gobierno, cumplió sus amenazas y ordenó la detención del candidato opositor. El Ministerio Público le imputa cinco delitos: usurpación de funciones, falsificación de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración y sabotaje. Formalmente, el fiscal ha abierto una investigación en contra del veterano diplomático por publicar en una web las actas recogidas por los testigos de la oposición durante las elecciones del pasado 28 de julio. Esas papeletas desmienten la versión oficial, que atribuye la victoria al actual presidente y otorgan, en cambio, un rotundo triunfo a su principal contrincante. Para colmo del doble rasero y la arbitrariedad, la formación política en el poder, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo en 2013 lo mismo por lo que ahora persigue a su rival: publicar las papeletas en plena contienda por el voto con Henrique Capriles.

Hoy, Maduro sigue atrincherado en el poder mientras González Urrutia vive en la clandestinidad para sortear la orden de busca y captura que pesa en su contra. El chavismo pretende resolver así el contencioso electoral, redoblando la represión y tratando de arrinconar a su oposición. El aspirante de la coalición de fuerzas lideradas por María Corina Machado, quien no pudo presentarse a las elecciones por estar inhabilitada, ha desoído en tres ocasiones la citación de la Fiscalía. Alega falta de independencia de los poderes públicos y que el fiscal general, Tarek William Saab, actúa como un operador político del mandatario, que llegó a sugerir que el candidato perseguido se estaba preparando para huir.

Se trata de una reprobable estrategia utilizada en múltiples ocasiones por el aparato gubernamental. Esto es, intensificar el acoso judicial y político de los adversarios para forzar una fuga, como acabó sucediendo con el opositor Juan Guaidó. La defensa de González Urrutia asegura, no obstante, que no planea ni abandonar el país ni pedir asilo en una embajada. Las primeras reacciones de la comunidad internacional han sido de condena sin matices a esta persecución, mientras Machado acusa a la cúpula chavista de “haber perdido toda noción de la realidad”.

Las sospechas de fraude no han llegado solo de la oposición, sino que han sido alentadas por uno de los pocos organismos independientes que participó como observador en los comicios, el Centro Carter, y por el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien tras su denuncia fue destituido. Sin embargo, el chavismo se niega a enseñar las actas para probar su victoria mientras endurece la represión.

Las señales que llegan desde el palacio de Miraflores no hacen pensar, por el momento, en ninguna cesión. Frente a la presión interna y a la que llega del exterior, el chavismo ha fortalecido su núcleo duro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el control del petróleo, el principal motor económico del país, y el inflexible y veterano dirigente Diosdado Cabello controlará los cuerpos policiales desde el Ministerio del Interior y Justicia. En medio de la crisis, Maduro trata de desviar la atención decretando “el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre”. Una manera abracadabrante de sortear la emergencia social y política que vive Venezuela ante su incapacidad de presentar pruebas que desmientan el fraude electoral.