El deber de toda una sociedad

La última memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2023 y presentada este jueves, precisa con números una apreciación comúnmente repetida al analizar los asesinatos machistas en España: en los periodos del año en que la relación familiar es más intensa (vacaciones —especialmente de verano—, fines de semana o días festivos) se cometen más feminicidios. Por vez primera, la Fiscalía ha tenido en cuenta los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas no solo por meses, sino también por días, distinguiendo entre laborables y festivos. De los 1.073 feminicidios registrados desde 2006, el 45,8% se concentró en cinco meses: los tres de las vacaciones de verano y los dos de las navideñas.

Un solo crimen machista ya es un fracaso que incumbe a toda la sociedad, por lo que la clave es cómo hacer frente a un drama que se ha llevado por delante la vida de 1.278 mujeres desde 2003, cuando empieza la estadística oficial. España dispone de una buena red legal y de atención a las víctimas, y cada vez es mayor la sensibilidad colectiva en una sociedad todavía muy machista. Pese a ello, y a que el primer responsable de un asesinato es quien lo comete, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de protección de las mujeres en situación de riesgo. Interior se comprometió en diciembre, ante un repunte de asesinatos, a mejorar los criterios de actuación de VioGén, el sistema de seguimiento de la violencia de género, que mantenía activos a fecha de 31 de agosto pasado más de 98.100 casos, casi 17.000 más que en la misma fecha de 2023. Sin embargo, ningún sistema resulta infalible, como muestra que las dos últimas asesinadas (en Castellón y Madrid) habían estado bajo el paraguas de VioGén, pero en este momento carecían de medidas judiciales de protección.

Todo recurso que dé más seguridad a una maltratada resulta necesario, pero ese empeño será incompleto sin una mayor participación de toda la sociedad para sacar a la luz muchos episodios de violencia oculta que no llegan a denunciarse. De ahí la vital importancia de que los entornos de las víctimas sean más proactivos para no silenciar estas situaciones. Sin una mayor implicación de la ciudadanía, especialmente de los más próximos a las maltratadas, los esfuerzos institucionales pueden resultar insuficientes.

Cada día del año pasado se registraron 546 denuncias por violencia de género; de todas ellas (cerca de 200.000), apenas un 1,82% fueron presentadas por el entorno de la víctima, según los últimos datos del Poder Judicial. La implicación social puede además contribuir a que las propias mujeres den el paso de denunciar. En el 75% de los feminicidios perpetrados en la última década, la asesinada no había denunciado antes a su agresor. Cuando lo que está en juego es la vida de una mujer, protegerla es un deber de la sociedad entera.