La inmigración circular

El círculo se repite. Pasa ahora como ocurrió hace 20 años. Después del trágico episodio de la valla de Melilla en junio de 2022, el Reino de Marruecos adoptó medidas contra la inmigración ilegal con el apoyo de España y la Unión Europea. Pero los subsaharianos no esperaron a que el control de fronteras volviera a relajarse, sino que buscaron una alternativa. Si Senegal se convirtió primero en su punto de partida, desde hace unos meses el país de tránsito clave es Mauritania. La crisis que sufre Canarias, olvidada como centro de acogida desbordado y sin contar con la solidaridad del conjunto del país, motivó el viaje a Mauritania de Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez el febrero pasado. Ya entonces, como puede leerse en la nota de prensa de La Moncloa, el presidente del Gobierno se refirió a la migración circular como una de las respuestas al problema. Nadie se escandalizó. Aunque la llegada de inmigrantes irregulares al archipiélago ya se estaba disparando, la inmigración seguía sin ser un problema prioritario para los españoles, como ha ocurrido históricamente. Ahora, en cambio, tras el nuevo viaje de Sánchez a Mauritania y la apuesta de la oposición por incendiar este reto, la misma propuesta ha servido para acusar al Gobierno de “alentar un efecto llamada”.

En enero de 2005, Marruecos tomó diversas medidas para evitar la inmigración ilegal de ciudadanos subsaharianos a Canarias. 40 millones de euros de la UE. Así pudieron adquirir vehículos, lanchas y contratar a policías. Para evitar los asentamientos se destinaron 120 de agentes de seguridad fijos al monte Gurugú, lugar del que partieron cuando intentaron cruzar la valla hace dos años. Pero lo fundamental fueron los 400 gendarmes reales destinados a El Aaiún, de donde partían la mayoría de pateras en dirección a Canarias. Los subsaharianos hicieron entonces lo que están haciendo ahora: la alternativa mauritana. La ciudad de Nuadibú, cuyo primer desarrollo se había producido en tiempos del colonialismo francés a través de una compañía de explotación de la pesca (hoy este sector representa aún el 12% del PIB del país), recibió una llegada masiva de inmigrantes. Su propósito era subir a las embarcaciones tradicionales de los pescadores, los cayucos, con el material que las mafias compran en el mercado negro (desde el motor al salvavidas), para jugarse la vida en el Atlántico. En marzo de 2006 se habló ya de “la crisis migratoria de las islas Canarias”.

El 22 de marzo de 2006, una delegación de la Guardia Civil inició tareas de patrullaje en la costa de Mauritania gracias al apoyo comunitario. Al poco, aquella vía quedó taponada. En 2018, se estrenó una serie documental de tres capítulos titulada Sahara. La primera escena del primer capítulo, Secretos de Mauritania, mostraba la costa del país africano desde un helicóptero de la Guardia Civil. Después, la imagen saltaba a una lancha en la que el presentador dialogaba con dos agentes españoles. Les preguntaba por qué actuaban fuera de su país y cuándo habían detenido por última vez a un inmigrante irregular. “Fue a finales de 2008, para ser precisos”. A principios de este año, allí seguían desplazados 34 guardias civiles y 16 policías nacionales. Y cuando la ruta del oeste del Mediterráneo estuvo estabilizada para los cruces irregulares, según datos de Frontex, la del oeste del Atlántico se reactivó. Entre enero y julio de este año, 21.620 cruces. Lo seguirán intentando. En las playas de Nuadibú están amarradas 4.700 embarcaciones, explicó en febrero Juan José Fernández en La Provincia. Hay centenares de personas, hombres, niños y mujeres, que tienen los 900 euros que cobran las mafias por el viaje. Están convencidos de que el destino de sus vidas, lo que les salvará, es la aventura de llegar a Europa.