El pacto PSC-ERC, ¿un confederalismo encubierto?

En estos días hemos conocido el acuerdo que el presidente Pedro Sánchez ha cerrado con los separatistas de ERC para mantenerse en el Gobierno de España y asegurar la investidura de Salvador Illa. Aunque intentan enmascarar su denominación, la realidad dista —y bastante— de esos intentos de magia política. En 2017 escuchamos a la señora María Jesús Montero afirmar que los principios de solidaridad, multilateralidad e igualdad eran inquebrantables (en ese momento no era ministra, sino consejera, y parece haber cambiado de opinión). El pasado julio negaba la existencia de negociaciones bilaterales y, mucho menos, la posibilidad de un concierto. En cambio, en agosto, después de la investidura del señor Illa, ya sí había concierto y era bueno no solo para Cataluña, sino para el conjunto de las comunidades autónomas y debía extenderse a todas. Finalmente, en sus últimas declaraciones ha negado que lo acordado con los separatistas para repartir el poder sea un concierto. Estos cambios de opinión (mentiras) demuestran el poco respeto de este Gobierno al conjunto de los españoles.

Vayamos a un análisis que permita al lector sacar sus propias conclusiones, sin caer en una confrontación partidista que poco importa a los ciudadanos.

En primer lugar, un argumento de autoridad es la réplica que ha dado el señor Josep Borrell a la ministra: “No voy a quedar como un mentiroso. Eso es un concierto”. Esta afirmación es contundente y categórica, reforzada por sus declaraciones anteriores a EL PAÍS, en las que manifestó que “se asume el relato del procés y se conduce a un modelo confederal”.

La segunda cuestión que debemos abordar es qué es un concierto. Para ello, lo más apropiado es comparar la definición de “concierto” en el País Vasco con lo que pone el texto del acuerdo firmado por los socialistas con ERC. Ambos coinciden en varias características: son sistemas paccionados; otorgan a la comunidad potestad normativa tributaria propia (crear/eliminar impuestos); tienen autonomía de gestión tributaria (decidir la recaudación); y el riesgo del sistema es unilateral.

Dado que ambos modelos son prácticamente idénticos, examinemos las particularidades del modelo catalán, solicitadas por los separatistas y complacidas por Pedro Sánchez.

Primero, es un sistema paccionado porque fue recogido en los acuerdos de investidura de Sánchez e Illa, fue negociado únicamente con los separatistas, al margen del Consejo de Política Fiscal. Incluye la condonación de 15.000 millones de deuda y la transferencia de impuestos y competencias.

La potestad normativa tributaria propia aparece en la página 7 del acuerdo, que especifica “el aumento sustancial, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la capacidad normativa tributaria con coordinación con el Estado y la Unión Europea”. Esta coordinación es prioritaria, pues el paraguas de la UE obliga a coordinación y armonización en figuras fiscales.

La autonomía de gestión tributaria se concreta en la página 6 del acuerdo, en la que afirma que “la gestión, recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña”.

Por último, el riesgo es unilateral. La asunción de riesgos de Cataluña no es cierta, pues, por ejemplo, los separatistas no solicitan competencias en pensiones. ¿Cuál es el motivo? Sencillo: el conjunto de españoles aportamos a los pensionistas catalanes más de 5.000 millones, lo que desmontaría el mito de “España nos roba”.

¿Qué consecuencias tiene este acuerdo para el conjunto de los españoles? Muchos son los argumentos que podemos utilizar, pero intentaremos concretar algunos con referencias.

Primero, se rompen los principios de solidaridad, igualdad y multilateralidad. Esto es tanto como decir que quienes más ganan no contribuyan proporcionalmente más. Se generan ciudadanos de primera y de segunda. Además, se rompe la “caja única”. El sistema actual de “suma cero” representa que lo que se da de más a una comunidad hay que quitárselo al resto de ciudadanos. Más para Cataluña significa menos para Andalucía. Y, por último, tendría un impacto en los servicios públicos. Si traducimos este acuerdo a cifras comprensibles, teniendo en cuenta que las principales funciones de las comunidades autónomas son la sanidad, la educación y las políticas sociales, el acuerdo PSOE-ERC implicaría, según lo analicemos en cada área: si centramos en Sanidad 150.000 médicos menos, si lo hacemos en Educación 260.000 maestros menos y en infraestructuras 25 hospitales de última tecnología menos cada año.

Existe una opción —descabellada—, analizada por Fedea, que sugiere extender este modelo a todas las comunidades autónomas. Esto obligaría al Estado a aportar, de manera extraordinaria, entre 31.000 y 62.000 millones de euros más al sistema cada año. ¿De dónde saldría ese dinero? Según Ángel de la Fuente, “el Estado tendría que reducir su gasto, disminuyendo las prestaciones de su competencia como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la población que siga pagando impuestos”.

Llegados al final de este artículo, hay argumentos que apuntan a que esto es un concierto tanto en el fondo como en las formas. No es bueno para el conjunto de los españoles y además perjudica nuestros servicios públicos presentes y futuros. Un acuerdo que solo es bueno para Sánchez y los separatistas. Sánchez está creando, por la puerta de atrás, un Estado confederal, asimétrico y con ciudadanos de primera y de segunda.

Lo cierto y verdad, señorías, es que es un concierto.