Una estrategia para el turismo

España recibió en el primer semestre del año a 42,5 millones de turistas extranjeros que gastaron 55.500 millones de euros, según los últimos datos del INE. Ambos son récords en un sector que lleva cuatro años encadenando cifras positivas tras el golpe de la pandemia. Si 2023 cerró con un récord absoluto de 85,1 millones de visitantes foráneos, distintos expertos pronostican que este ejercicio se cerrará cerca de los 95 millones, previsión en la que coincide ONU Turismo.

Esa bonanza en los números se ha registrado pese a una fuerte y continuada subida de precios, un alza que ha influido en el estancamiento e incluso desaceleración de la demanda nacional, y en la intensificación de las protestas contra la masificación turística. Nunca España ha recibido tantos visitantes, pero también es mayor que nunca la conciencia ciudadana de que un crecimiento turístico ilimitado en determinadas zonas y temporadas tiene efectos colaterales que resultan insostenibles medioambiental y socialmente. Desde abril, miles de personas han salido a las calles de Canarias, Baleares, Barcelona, Sevilla o Málaga, entre otros lugares, para mostrar su hartazgo con un modelo de turismo que eleva el precio de la vivienda, expulsa a la población local y sobreexplota los recursos.

El debate sobre el turismo descontrolado y cómo ponerle coto está abierto en todo el mundo, dado el rebote tras la pandemia. Resulta ocioso reiterar su importancia económica: el sector prevé cerrar el año con una aportación al PIB español superior a los 202.000 millones (un 13,2%, seis décimas por encima de los niveles prepandemia y un crecimiento por encima del 170% este siglo). Solo en la hostelería trabajan dos millones de personas, el 9,6% de los afiliados a la Seguridad Social. Los últimos récords de afiliación de trabajadores no se explican sin la aportación del turismo. Pero es precisamente esa relevancia económica la que hace imprescindible plantearse la pregunta de si España puede acoger y de qué forma a más 95 millones de visitantes —un informe de Google y Deloitte anticipa que en 2040 será el país más visitado del mundo, por encima de Francia, con 110 millones— sin crear insoportables tensiones sociales. Ese crecimiento ya da muestras de descontrol, reflejado no solo en las quejas ciudadanas, sino en lo que puede ver cualquiera que pasee por el centro de algunas grandes ciudades o la arena de muchas playas. El criterio no puede ser cuanto más, mejor. Resulta urgente una estrategia turística de país.

Las distintas administraciones comprometidas —en un ámbito con gran relevancia de las competencias autonómicas y municipales—, las organizaciones vecinales y ciudadanas y un sector muy consciente de que el éxito no se mide por la cifra de visitantes deben buscar soluciones consensuadas y armonizadas para avanzar hacia ese modelo más sostenible. Un primer ámbito para una actuación más coordinada y rigurosa es el de los pisos turísticos, el que más incidencia negativa tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero también hay que abordar cuanto antes si se debe establecer una tasa estatal que combata la masificación o si fijar numerus clausus en determinados equipamientos y lugares vacaciones y culturales, con el objetivo de desestacionalizar y redistribuir los flujos de viajeros.

Únicamente un avance responsable que tenga en cuenta no solo las grandes cifras o los ingresos del sector, sino también la satisfacción ciudadana, conseguirá que lo que puede ser una historia de éxito no termine naufragando.