Bloqueo inexplicable en el CGPJ

Tres reuniones y casi dos semanas no han resultado suficientes para que los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tomaron posesión del cargo el pasado 25 de julio, se pongan de acuerdo sobre quién debe presidir el órgano y, con él, el Tribunal Supremo. El CGPJ se encuentra dividido por la mitad con siete nombres sobre la mesa, de los cuales cuatro han sido prácticamente descartados. Los otros tres, dos mujeres propuestas por el sector progresista y un hombre por los conservadores, son rechazados respectivamente por el bloque contrario. El CGPJ que debía superar la división partidista comienza su mandato, en su primera decisión, replicando las dinámicas de enfrentamiento partidista que arruinaron el prestigio de la institución en años anteriores.

Como consecuencia del pacto entre el PP y el PSOE para superar el boicot de la derecha a la renovación durante más de cinco años, el nuevo Consejo está compuesto por 10 vocales de cercanía progresista y 10 conservadores. Las decisiones tienen que tomarlas por mayoría reforzada de tres quintos, es decir, 12 votos. Ninguno de los candidatos propuestos ha superado la barrera de los 10 votos de un mismo bloque. La ley prevé que el nombramiento del presidente se produzca a propuesta del propio CGPJ y se haga efectiva entre tres y siete días tras la constitución del órgano. El CGPJ ya se ha saltado su primer plazo legal. Volverán a tratar el tema dentro de un mes.

El sector conservador ha propuesto como presidente al juez Pablo Lucas, de perfil moderado difícil de encajar ideológicamente, pero que los proponentes consideran progresista. Por el lado progresista, están sobre la mesa los nombres de Pilar Teso y Ana Ferrer. Los tres son magistrados del Supremo y no hay diferencias reseñables de currículo entre ellos. El sector progresista argumenta que es hora de que una mujer presida por primera vez el Tribunal Supremo, una novedad en la judicatura que sería bienvenida por buena parte de la sociedad. A igualdad de méritos entre los candidatos, la actual actitud de bloqueo resulta inexplicable a los ciudadanos por cuestiones profesionales y destila un aroma ideológico que se suponía que era lo que quería evitar el PP en el nuevo CGPJ.

Los sistemas de mayorías reforzadas están pensados para obligar al consenso, no como una herramienta de veto. Así es como parece entenderlo el Partido Popular, que en minoría bloquea sine die las renovaciones del CGPJ o el Tribunal Constitucional para evitar que las mayorías sociales expresadas en las urnas contagien a través del Parlamento a una cúpula judicial que considera un brazo político más. La oposición en bloque a que una mujer progresista presida el Supremo muestra que poco ha cambiado en esa concepción de la administración del Poder Judicial como una extensión de la lucha parlamentaria.

El debut del nuevo CGPJ, nacido entre loas al consenso del PSOE y promesas de despolitización del PP, es desmoralizante. El bloqueo, y sobre todo la falta de razones explicables para rechazar a un candidato u otro, supone un precedente muy preocupante. Si esta actitud se extiende a los nombramientos para cubrir las más de 100 vacantes judiciales, la principal y más urgente tarea del CGPJ, la esperada renovación habrá sido un simple cambio de nombres. Pero ahora los únicos responsables son los vocales, no los partidos. El perjuicio a las instituciones, y por tanto al derecho de los ciudadanos a tener una Administración funcional, continuará por puro tacticismo corporativo, si no político, de una parte de la judicatura.