Los 20 vocales del nuevo Poder Judicial buscan consensos para elegir presidente antes de siete días

Los 20 vocales aprobados por las Cortes, 10 por el Congreso y otros 10 por el Senado, más sus suplentes, han prometido su cargo este jueves ante el rey y los principales poderes del estado en el Palacio de la Zarzuela. Tras la ceremonia se han reúnido en la su sesión constitutiva, donde está previsto que se presenten las candidaturas para ocupar la presidencia del órgano y, por tanto, del Tribunal Supremo. El nuevo Consejo tiene entre tres y siete días para elegir a su presidente por una mayoría de tres quintos (al menos 13 de los 20 vocales), que saldrá de entre los magistrados activos del Tribunal Supremo. La necesidad de lograr mayorías reforzadas obliga a un acuerdo entre los dos sectores. Los dos partidos del pacto, PSOE y PP, han negado cualquier pacto sobre el nombre del futuro presidente del Poder Judicial y han dejado esa decisión en manos de los 20 nuevos vocales que han pactado. Los nombres de magistradas de tendencia progresista que trabajan ahora en el Tribunal Supremo, como Pilar Teso, Ana Ferrer o Susana Polo, suenan en las últimas semanas como candidatas posibles a ocupar ese puesto. El PP ha negado que el acuerdo incluya la decisión de designar a una magistrada de tendencia progresista como presidente del Poder Judicial.El Senado culminó este miércoles, con un debate breve, el proceso abierto en las últimas semanas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el pacto finalmente alcanzado el 25 de junio entre el PSOE y el PP después de casi cinco años y medio de largas y en muchas ocasiones infructuosas negociaciones por el bloqueo del PP, temerosos de perder influencia en el órgano de gobierno de los jueces.

Las nuevas reglas del juego pactadas por el PP y el PSOE para el funcionamiento del Poder Judicial hacen que la elección del presidente y, por tanto, que sector tendrá mayoría absoluta en el pleno, carece de especial relevancia dado que todas las decisiones importantes del Gobierno de los jueces tendrán que adoptarse por una mayoría reforzada de tres quintos, lo que obligará al máximo consenso para aprobar casi un centenar de cargos judiciales pendientes de renovación desde hace años.

La elección de los vocales pactados por PP y PSOE tampoco deparó sorpresas en el Senado, como sucedió el día anterior en el Congreso, y los aspirantes previamente acordados entre los dos grandes partidos fueron los únicos que se presentaron y los que salieron adelante. También prosperó la votación específica para rellenar la vacante de un magistrado del Tribunal Constitucional correspondiente al sector conservador que correspondió al ya exvocal del CGPJ, José María Macías.

Los nuevos vocales impulsados desde el Senado han obtenido en las votaciones 236 síes, superando por tanto los tres quintos exigidos en la ley. Y son la jueza de lo penal de Mataró, Lucía Avilés, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado, el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Montero, el de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, la presidenta de la Audiencia de Valencia, Esther Rojo, el de la Audiencia de Cuenca, José Eduardo Martínez Mediavilla, el magistrado jubilado del Supremo, Ricardo Bodas, el expresidente del Consejo Consultivo de Asturias, Bernardo Fernández, el letrado de la administración de justicia del Supremo, Luis Martín Contreras, y la letrada de las Cortes, Isabel Revuelta.

Como sucedió el día anterior en el Congreso, también los demás partidos con representación en el Senado, excepto PP y PSOE, cuestionaron el método para renovar el Consejo entre el bipartidismo clásico y en esa línea volvió a ser muy duro el senador de ERC, Joan Queralt, que se quejó también de que no se le dejara expresarse en catalán. Más Madrid, integrado en Sumar, añadió su voto a los de populares y socialistas porque aunque a la coalición que lidera Yolanda Díaz no le agrada tampoco el método de trabajo utilizado cree que ha sacado partido de la solución final al poder patrocinar un par de vocales del nuevo Consejo próximos a su sensibilidad.

El senador del PP, Antonio Silván, defendió la utilidad del acuerdo con el PSOE frente a las políticas de “muros y cordones sanitarios”, abogó en cualquier caso porque esta sea la última vez que se seleccione a los componentes del gobierno de los jueces con un papel tan predominante de los partidos frente a su tesis de que deben elegirlos los propios jueces, y reprochó el desmarque de Vox, que se negó a colaborar en este pacto de la coalición que denigra como “pepesoe”.

El senador y portavoz del PSOE en la Cámara, Juan Espadas, no desperdició la oportunidad en el debate para recordar que si la renovación llega tan tarde, cinco años y medio después de que hubiera debido de ser renovado, ha sido por culpa de los vetos y excusas del PP. Espadas reiteró que su partido defiende el actual sistema mixto de elección del Consejo, con candidatos que salen de entre los jueces, pero que determinan los partidos en las Cortes conforme a la representación popular, aunque en la propuesta de ley pactada y que será ratificada definitivamente por el pleno de la Cámara alta la semana que viene se les mandató para enviar una propuesta en los próximos seis meses. El nuevo Consejo, que podría empezar a trabajar hoy mismo tras acudir a La Zarzuela y constituirse, debe elegir la figura de la presidencia, que además tiene un voto de calidad.

Los requisitos que la ley establece para ser presidente del alto tribunal y del CGPJ son ser miembro de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de Sala del mismo o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.