El nuevo Poder Judicial pasa un examen de trámite en las Cortes tras el pacto del PP y el PSOE

No fue ni un examen parlamentario ni una audiencia de evaluación de su currículo ni mucho menos uno de esas implacables audiencias o hearings de las películas norteamericanas de candidatos a puestos relevantes de la Administración. Los 14 aspirantes, ocho titulares y seis suplentes, pactados hace tres semanas entre el PSOE y el PP para cubrir los puestos de vocales juristas de reconocido prestigio al nuevo Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, pasaron este martes su paso por las Cortes como un mero trámite. En el Congreso, al menos, los portavoces presentes en la comisión de Sumar, PSOE y PP les hicieron algunas tibias preguntas. En el Senado ni eso. Ningún senador preguntó nada ni a los siete aspirantes al CGPJ convocados ni al nuevo magistrado para la vacante del Tribunal Constitucional, el conservador José María Macías. Vox y los socios habituales del Gobierno se ausentaron de las sesiones en protesta por el pacto bipartidista. El senador de ERC, Joan Queralt, justificó esa queja en la perpetuación “de la burla del régimen del 78″. Por la mañana, su hija, Argelia Queralt, fue nominada en el cupo pactado en el Congreso.

La reunión de la comisión consultiva de nombramientos del Congreso se alargó durante cinco horas y concluyó con la decisión de que todos los candidatos juristas para el Poder Judicial a renovar, tras cinco años y medio de bloqueo y negociados finalmente entre el PP y el PSOE, debían resultar idóneos para cubrir esas vacantes. En el Senado la cita fue vespertina, duró apenas dos horas y en la misma solo hablaron los aspirantes, cuatro titulares y tres suplentes, que expusieron durante unos 10 minutos su trayectoria. En la Cámara baja el sistema fue igual de acrítico, pero al menos los portavoces presentes de Sumar, Enrique de Santiago, del PSOE (intervinieron hasta siete) y del PP, María Jesús Moro, formularon algunas preguntas, pidieron reflexiones y plantearon algún conato de debate. En la Cámara alta los senadores del grupo mixto, del PSOE y del PP se limitaron a agradecer la presencia los nuevos vocales, alabarles sus “prolijas” exposiciones y darles la enhorabuena. El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, les deseó al final a todos “que pasaran una buena tarde”.

No se esperaba, y no sucedió, un debate complicado ni bronco en esas respectivas comisiones ante la nominación pactada y cerrada por el PP y el PSOE el 25 de junio, tras meses de negociación y cinco años y medio de retraso, de los ocho vocales juristas de reconocido prestigio para el nuevo Poder Judicial. El primero en aparecer por la sala Constitucional del Congreso fue el aspirante José Luis Costa y esa audiencia ya reflejó bastante bien lo que iba a suceder.

El diputado de Sumar, Enrique de Santiago, que fue el que apretó algo en sus preguntas, intentó conocer qué le parecían al candidato las protestas de jueces y con sus togas, a las puertas de los juzgados, contra la ley de amnistía cuando aún no se conocía el texto final de ese proyecto; los informes contra esa norma del anterior y caducado CGPJ; la carencia de cualquier expediente disciplinario al respecto; los problemas para las clases más bajas en el acceso a la carrera judicial o incluso si el nuevo Consejo tendría o debería tener alguna potestad o competencia para elaborar una propuesta sobre la reforma para su elección en los próximos seis meses como han negociado PP y PSOE en su pacto. El gallego José Luis Costa se mojó lo justo, pero sí dejó claro que el Poder Judicial “debe limitarse a gestionar el derecho que crea” el legislativo, que debe estar sometido “al imperio de la ley y del derecho”, que “las togas son para trabajar en los juzgados y por respeto a los ciudadanos” y que no sería “concebible que los jueces actuaran de otra manera”.

El portavoz de Vox, Ignacio Hoces, solo entró al comienzo de la comisión para expresar su disconformidad con todo el pacto por “espurio y deshonesto”. El de Junts llegó un poco más tarde para arremeter contra la Justicia, el “hedor judicial” y no reconocer la independencia judicial por las interpretaciones de algunos magistrados contra la ley de amnistía y se marchó. ERC, PNV, BNG, Podemos y EH Bildu ni se asomaron por la sala, en oposición a esa alianza de los partidos del bipartidismo clásico. Ante la fiscal María Pilar Jiménez, aspirante a vocal, Sumar y PSOE lamentaron la mala imagen y el desprestigio ocasionado por el Consejo saliente. La popular María Jesús Moro aprovechó para defender la integridad de todos los jueces por los ataques de Junts. Tras la exposición de un candidato suplente, Antonio Dorado, el portavoz de UPN y el de Sumar se enzarzaron sobre la trascendencia de los homenajes a las víctimas, de ETA y otras.

Uno de los distintos portavoces del PSOE, el catedrático Artemi Rallo, se atrevió a cuestionar sobre si tras haber sido impulsados por los socialistas y los populares los nuevos vocales del CGPJ se atreverían a tener “autonomía de criterio”, es decir independencia. Varios de los examinados aclararon que sí, que la tendrían. Algunas de las nuevas vocales quisieron resaltar la importancia de un Consejo con más sensibilidades, representación territorial y mayor presencia e igualdad de género. Argelia Queralt hasta proporcionó ahí algunos datos para subrayar que pese a que el 57% de la carrera judicial la ostentan mujeres apenas están en la cúpula de los cargos y aunque en teoría el 26% de los jueces llegan de familias con pasado judicial las clases medias y bajas siguen teniendo muchos problemas para acceder a esas funciones. Distintos vocales y portavoces admitieron que el acceso memorístico por oposición como en el siglo pasado a la judicatura es más que nunca un problema en los tiempos actuales.

Algunos diputados esbozaron preguntas sobre el propio método de elección del Consejo, que PSOE y PP han acordado revisar en los próximos seis meses tras recibir una propuesta del órgano ahora renovado. Varios aspirantes destacaron que ni la Constitución ni la ley determinan nada, que existen varios modelos y que todos, incluido el actual mixto, serían legítimos. Algún candidato sí aceptó que en su opinión el nuevo sistema debería reservar un papel mayor para los jueces y otros destacaron que “la soberanía popular”, es decir, el Parlamento, debe predominar, como sucede ahora.

La prueba de idoneidad fue más rápida y plácida aún en el Senado. Los siete convocados, cuatro titulares y tres suplentes, cumplimentaron sus 10 minutos de tiempo con algunas generalidades. Ningún portavoz de los partidos les requirió ninguna aclaración. Todo fueron felicitaciones. Incluso por parte del portavoz del PSOE en la Cámara alta, Alfonso Gil, a la aspirante y letrada del Senado, Isabel Revuelta, que hace seis meses cuestionó duramente la constitucionalidad de la ley de amnistía cuando aún estaba en su puesto en la comisión de Justicia del Congreso. Ella tampoco mencionó ese episodio en su larga exposición de méritos tras 26 años de trayectoria y ocho legislaturas en esa comisión. Más tarde, el veterano senador de ERC, Joan Queralt, exletrado del Constitucional y catedrático de Derecho Penal, aclaró que se había ausentado en protesta por la “burla” de una renovación cerrada entre PP y PSOE y no con los aliados de la izquierda que según su criterio “para lo único que sirve es para perpetuar las dinámicas reaccionarias del régimen del 78″. Su hija, Argelia Queral, fue calificada idónea por la mañana por esas formaciones tras la presentación de su candidatura en el Congreso.