El cordón sanitario de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ordenó este jueves el fin de los pactos de gobierno con el PP en cinco comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura), lo que ha provocado la destitución o el cese de los vicepresidentes y consejeros de su partido. Las fugas contra esa decisión se circunscriben de momento a dos consejeros que no han acatado la orden. La sacudida supone un seísmo en los dos partidos de la derecha española, convertidos en tándem de cara a los votantes desde que hace un año el PP pactó coaliciones con Vox para poder gobernar en esas cinco autonomías, en Baleares —donde contaba con el apoyo parlamentario de la formación ultra— y en unos 140 ayuntamientos. Vox pierde mucho poder, pero sigue en las instituciones. Continúa en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos regionales, de momento amaga pero no rompe los acuerdos municipales que les han dado alcaldías y concejalías y es un partido que hasta ahora ha tenido aparentes problemas de financiación.

El motivo esgrimido es que el PP ha aceptado —a petición de los Gobiernos central y canario— el reparto entre las comunidades autónomas peninsulares de 357 menores migrantes de los casi 6.000 que colapsan los recursos de acogida de las islas. La petición de ayuda de Canarias está plenamente justificada y la cifra acordada por las comunidades es pírrica teniendo en cuenta que las islas necesitarían la salida de al menos 3.000 menores. Resulta escandaloso que un país que este año va a recibir a casi cien millones de turistas regatee la posibilidad de ubicar y acompañar a 3.000 niños y niñas vulnerables. Pero al discurso antiinmigración y racista de Vox esto le resultaba inadmisible.

Vox es un partido opaco y es difícil saber con exactitud por qué toma esta decisión ahora. Parece obvia la competencia que ha venido a hacerle Alvise Pérez, que en las elecciones europeas consiguió 800.000 votos con un discurso tanto o más racista que el suyo. Taponar esa fuga de votos ondeando la bandera de partido que no doblega su discurso ni ante la realidad es una explicación. El alineamiento de Abascal con el extremismo antinmigración de Le Pen y Orbán es otra.

En cualquier caso, la salida de la extrema derecha de cinco gobiernos autonómicos tiene que ser celebrada. Resulta paradójico que quien levanta el cordón sanitario en España frente al resto de los partidos sean los ultras y no al revés. Los primeros beneficiados son los millones de ciudadanos que llevan un año sufriendo el bochorno de consejeros que cuestionan el derecho al aborto o torpedean las políticas de medio ambiente. Si fuera coherente, Vox saldría también de los ayuntamientos, a los que avergüenza con alardes de intolerancia tan absurdos como revertir carriles bici o negarse a poner la bandera arcoíris en el Orgullo. De no hacerlo, la coherencia debería ponerla el beneficiario reputacional de la decisión limitada de Vox, el PP, cuya sintonía con las tesis ultras se mantuvo hasta horas antes del divorcio autonómico, cuando el Gobierno valenciano celebró con sus entonces socios la promulgación de una de las llamadas leyes de concordia, toda una humillación para las víctimas del franquismo.

La asociación con Vox tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 fue clave para la movilización electoral que cerró el paso de Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa el 23 de julio. Ningún grupo parlamentario estuvo dispuesto a prestar al PP los cuatro diputados que le faltaban porque en la ecuación estaba la posibilidad de que Santiago Abascal fuera vicepresidente. Desde entonces, ese lastre tóxico persigue al líder popular y supone una mina argumental para el Gobierno de izquierdas. Ojalá, al contrario de lo que este viernes afirmó Feijóo, se abra una nueva etapa en la que la decisión de Vox mueva también al PP y este abandone la sintonía argumental y los acuerdos institucionales con un partido alejado del consenso central europeo en materia de derechos humanos, clima, género o memoria democrática. Un partido que ha dejado ahora en situación parlamentaria precaria a cinco gobiernos regionales.