Más plazas públicas en FP

La Formación Profesional ha dejado de ser el pariente pobre del sistema educativo español. En buena medida, por su alta tasa de empleabilidad en un país con un crónico problema de paro juvenil: el 27,7% entre los menores de 25 años. El curso pasado, el último con datos oficiales, fue el segundo consecutivo en el que se superó el millón de alumnos de FP, con un crecimiento del 32% en un lustro. Ese aumento de la demanda no ha ido, en cambio, paralelo a un incremento suficiente de la dotación de plazas en centros públicos.

Este hecho, unido a algunos desajustes entre la formación y las necesidades del mercado laboral, se traduce en que, mientras algunos ciclos registran muy escasa demanda, miles de alumnos se quedan sin poder acceder a otros. Muchos de esos estudiantes se ven abocados a cambiar de expectativas y cursar el bachillerato, un cambio obligado que puede derivar en abandono escolar o desempleo. Los titulados de FP de grado medio, por ejemplo, sufren menos paro y tienen mejores sueldos que sus homólogos bachilleres a los cinco años de haber concluido los estudios.

El problema no es la excelencia académica de esos alumnos, sino que la oferta pública se muestra incapaz de absorber la demanda, en especial en las profesiones más solicitadas, como Sanidad o Informática y Comunicaciones. El esfuerzo inversor del Gobierno, que ha destinado desde 2020 más de 748 millones a la creación de más de 331.000 plazas, no siempre ha ido acompañado de una respuesta similar por parte de las comunidades autónomas, que tienen las competencias educativas. Esta falta de ajuste ha sido aprovechada por la red privada —en ocasiones, de la mano de fondos de inversión—, que ha visto un nicho de mercado en ascenso y ha contado, al tiempo, con el apoyo de determinadas administraciones regionales. Pese a que la red pública sigue siendo la mayoritaria, en la última década los alumnos de grado medio en centros privados han aumentado un 81%, mientras los de los públicos lo hacían solo un 16%. En los grados superiores, la diferencia resulta mucho más llamativa: el 205% frente al 36%.

España tiene en la FP una de sus mejores cartas para recortar el desempleo juvenil, reducir la tasa de abandono escolar temprano (la segunda más alta de la UE) y mejorar el nivel educativo. Sería un error entorpecer esas posibilidades con una brecha económica y social que excluya a los estudiantes y a las familias sin capacidad de pagarse un centro privado. No está en cuestión, en absoluto, el respeto a la iniciativa empresarial, también en la enseñanza, pero la obligación de cualquier Administración es plantear una oferta suficiente en la enseñanza pública, sin postergarla por razones de mercado o, lo que sería peor, por razones ideológicas.