Empresarios antifascistas

No se equivoquen por una foto. La de los 15 ejecutivos del oprobio. Ellos y ninguna de ellas, porque ¿alguna suscribiría con su presencia que otras sean encarceladas tres años por interrumpir su embarazo, como propone Javier Milei, quien las califica de “asesinas”?

Los 15 no pueden apoyar su desatino diplomático. Y saben que el torpe ministro que había atacado al visitante pidió disculpas. Seguro que esos patriotas, encabezados por Antonio Garamendi, altos cargos de Iberia, BBVA, Santander y Alonso Aznar Botella saldrán muy pronto en defensa de España y de su Gobierno legítimo.

Se distanciarán así de la improvisada envolvente a la que han sido sometidos: era un viaje privado y partidista y les han convertido en coartada oficial —al acudir a la reunión en la embajada de la república— para que el de la motosierra cargue el coste de su traslado en avión oficial al presupuesto, a los impuestos que, dice, “son un robo”. Y recomendarán no votar a la ultraderecha.

Podrán así mirar a la cara a la mayoría de sus colegas del Ibex que se quedaron en casa. Pues seguro que no admiran ni a Krupp ni a Thyssen ni a todos los que financiaron al monstruo y se enriquecieron con la esvástica. Claro que el dilema de un empresario entre la eventual pérdida de un mercado —incluso en un país ahora ultraliberal— y su fe democrática puede ser fuerte.

Pero lo tienen fácil. Basta que apoyen la campaña Defendemos los valores, de 30 grandes consorcios alemanes, con el Deutsche Bank y Siemens a la cabeza: se movilizan para denunciar a la ultraderecha como un peligro para la libre empresa, para su necesidad de trabajadores inmigrantes, para la democracia, la cohesión social y la prosperidad. Así resolvió en público ese dilema Roland Busch, el consejero delegado de Siemens: “Si cancelan pedidos como consecuencia de ello, así son las cosas, pero no creo que sea el caso”.

El programa de Milei atenta contra los valores —y los mandatos— de la Constitución española, al proclamar que “la justicia social es aberrante”; que la redistribución de la riqueza es un fraude (ha provocado ya una pérdida del poder adquisitivo salarial del 40%), y que cerrará el banco central. Y ni siquiera pidió audiencia al Rey por su visita, cuando Felipe VI acudió, cortés, a su toma de posesión. ¿Por qué no se calla?