El bochornoso papel de la federación de fútbol

La Federación Española de Fútbol (RFEF) se halla ante una posible intervención de la FIFA, el máximo órgano rector de ese deporte, una situación de la que existen escasos precedentes en el mundo y que muestra tanto la degradación en la que ha caído el organismo nacional como la necesidad de abordar soluciones urgentes. La eventual tutela parte de una iniciativa del Consejo Superior de Deportes (CSD) después de la operación desarrollada por la Guardia Civil la pasada semana, que concluyó con siete detenciones por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales; todos ellos vinculados a contratos de la entidad del último lustro, y algunos ligados a la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. Uno de los arrestados fue la mano derecha del anterior presidente, Luis Rubiales, quien está siendo también investigado en esta causa.

Se trata del último de una sucesión de escándalos en una federación que ha vivido mucho tiempo acostumbrada a ellos sin abordarlos de manera efectiva. Rubiales llegó a la presidencia en 2018 con la promesa de corregir los errores de 29 años de mandato paternalista y caciquil de Ángel María Villar, quien había sido detenido un año antes por una trama de compra de favores de dirigentes federativos que le había servido para perpetuarse casi tres décadas en el cargo. Este caso se halla aún pendiente de juicio. Rubiales no solo no corrigió este tipo de desmanes, sino que errores, polémicas y clientelismo se multiplicaron sin el menor reproche interno, social o institucional. Hasta que llegó el bochorno para toda España de su beso no consentido y las coacciones a Jenni Hermoso tras el éxito de la selección femenina en Sídney, un escándalo internacional que lo forzó muy a su pesar a dimitir en septiembre pasado y por el que la Fiscalía le pide ahora dos años y medio de cárcel.

Probablemente, sin la conmoción del caso Hermoso Rubiales seguiría en el cargo, pese a las sospechas que ya caían sobre su actuación, como prueba la investigación en curso. Su marcha demostró la urgencia de abordar los problemas estructurales en la gestión del fútbol en España. No ha sido así. Su sucesor al frente de una gestora y delfín, Pedro Rocha, sigue en el cargo seis meses después, pese a su interinidad. El CSD pidió el miércoles al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que lo expediente por una falta muy grave tras no haber convocado elecciones a la presidencia a su debido tiempo y por extralimitarse en sus funciones.

La RFEF es una entidad privada, pero de utilidad pública y con funciones públicas. De ella dependen las selecciones nacionales y representa a España ante el mundo en el mayor espectáculo de masas que existe. Los sucesivos gobiernos han tenido poca capacidad de intervención, pero deberían haberse mostrado mucho más vigilantes para que la situación no llegase a tal nivel de descrédito que corre el riesgo de cronificarse aún más sin una acción claramente decidida para la que se está a tiempo con nuevos y mejores instrumentos. La tutela de la FIFA supondría un evidente desprestigio para un país que acogerá en 2030 (junto a otros cinco) su segundo Mundial. Pero serviría para dar paso a unas elecciones más limpias y neutrales que permitan regenerar las estructuras ya inservibles de la RFEF. El crédito de todo un país, la demostrada profesionalidad y el buen nombre de jugadores y jugadoras, y los sentimientos de millones de aficionados al fútbol así lo exigen.