La misma amnistía de hace un mes

La ley de amnistía para los delitos del procés independentista fue aprobada este jueves por la Comisión de Justicia del Congreso tras un acuerdo que permitirá su votación en el pleno de la próxima semana. El texto final enmienda la versión pactada en enero, que después Junts consideró insuficiente y rechazó junto a PP y Vox en la votación celebrada el 30 de ese mes. Los matices añadidos ahora no modifican los límites que se impuso el PSOE en una negociación que ya entonces había llegado al final del camino de lo posible sin arriesgarse a desafiar el derecho europeo. El redactado actual introduce una precisión para los procesados o condenados por malversación, es decir, el desvío de recursos públicos para el procés: podrán acogerse a la amnistía si no hubo enriquecimiento personal. También niega la devolución de las indemnizaciones impuestas a los ya condenados salvo excepciones que se concretarán cuando la norma entre en vigor. Sigue quedando fuera el delito de traición.

En la cuestión más delicada, Junts pretendía una redacción que amnistiara por completo los delitos relacionados con el terrorismo. Eso no va a ser así. Los límites marcados por el PSOE —dejar fuera de la amnistía los delitos graves de terrorismo con resultado de violaciones graves de derechos humanos— se mantienen. La novedad es que el nuevo texto omite referirse al Código Penal español y remite la interpretación de la ley a lo establecido en la directiva europea 2017/541 sobre lucha contra el terrorismo. Esa directiva —pensada contra la amenaza yihadista— no es precisamente laxa respecto a lo que considera terrorismo y ya fue traspuesta al ordenamiento español en 2019, es decir, ya ha sido asumida por nuestro Código Penal.

En cualquier caso, la justicia nacional no se rige por las directivas europeas —que no tienen carácter ejecutivo y cuyo objeto es armonizar el mínimo común en los países miembros—, sino por las leyes y la jurisprudencia españolas. Un hipotético enjuiciamiento de Carles Puigdemont se haría pues conforme al Código Penal, aunque del acuerdo alcanzado esta semana le permita ofrecer como un triunfo a los suyos el hecho de que el Código desaparece del redactado de la ley en relación con el terrorismo.

Este tira y afloja no se entiende sin la ofensiva judicial en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para conseguir imputar por terrorismo a Puigdemont desde el comienzo mismo de las negociaciones para formar Gobierno el pasado noviembre una vez que los socialistas asumieron pactar una amnistía, a la que se habían negado antes, a cambio de los votos de los soberanistas en la investidura de Pedro Sánchez. No está claro que la fórmula final pactada por Junts y el PSOE pueda evitar nuevos episodios de imaginación procesal contra Puigdemont, es decir, no se puede afirmar que el expresident haya quedado blindado. Al menos en España, otra cosa es lo que después opine la justicia europea. La aceptación por parte de los independentistas de que el Legislativo es un poder que tiene sus límites, y de que las leyes son aplicadas por los jueces, se dibuja como la principal novedad política de este mes largo de negociación. No es poca novedad.

Si el pleno del Congreso aprueba la ley la próxima semana, comenzará una andadura que incluye el veto de la mayoría popular en el Senado y su vuelta a la Cámara baja para su aprobación definitiva. Luego tendrá que pasar, con toda probabilidad, por el Tribunal Constitucional y por los tribunales europeos. Por el camino, empezará a verse qué uso hace Junts de su reingreso total a la normalización que pide con claridad la sociedad catalana.