Límites al alquiler para frenar la especulación

El Ministerio de Vivienda publicó el martes el sistema nacional de precios de referencia del mercado de alquiler, que busca poner topes al arrendamiento en las zonas que las comunidades autónomas declaren como tensionadas, es decir, aquellas en las que el coste haya subido más de tres puntos por encima del índice de precios al consumo (IPC) en los cinco años anteriores o donde supere el 30% de la renta media. La creación de este indicador estaba prevista en la ley de vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023.

Este índice, que se pondrá en marcha a partir del 13 de marzo, proporcionará un rango de costes máximo y mínimo en función de sus características. Será obligatorio para grandes tenedores —quienes poseen 10 o más viviendas en alquiler— y para pisos que entren en el mercado o lleven cinco años sin ser arrendados. El rango de precios se calcula a partir del cruce de los datos de la Agencia Tributaria, el catastro, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España y el Colegio de Registradores. Según el ministerio, el sistema tiene rigor técnico y solidez jurídica. Durante la presentación de la herramienta, se dieron ejemplos de sobreprecio como el de un piso en el centro de Barcelona que, según el índice, se recomienda alquilar por un máximo de 984 euros al mes, mientras que el propietario pide 1.600 en un portal inmobiliario.

Las comunidades presididas por el Partido Popular ya se pronunciaron contra la ley en el momento de su aprobación y han anunciado que no aplicarán este nuevo sistema por considerar que se trata de un control del mercado. Hasta el momento, solo Cataluña, que hasta este lunes negoció esta nueva medida con el Gobierno y que no termina de mostrarse del todo satisfecha con el resultado, ha iniciado los trámites para declarar una zona tensionada que comprende 140 municipios. Esta comunidad será, pues, el laboratorio de pruebas del nuevo índice.

No hay consenso sobre los resultados de establecer topes al precio del alquiler. Se trata de una de las herramientas para favorecer el acceso a la vivienda tanto a jóvenes que buscan independizarse como a muchas familias que hoy se encuentran ahogadas por el gasto inmobiliario y no pueden permitirse un hogar acorde a sus necesidades.

La medida no elimina, sin embargo, la necesidad de desarrollar otras como la ampliación del parque público de vivienda para alquiler en las poblaciones con más demanda —algo que también se contemplaba en la ley de 2023— y otras adicionales que ayuden a rebajar la tensión del mercado inmobiliario y a acabar con la continua especulación con un derecho básico que, según el CIS, está entre las 10 principales preocupaciones de los españoles.