Una política industrial europea

Los ministros de Finanzas de la zona euro debaten este lunes un documento elaborado por la Comisión Europea sobre la respuesta de la región a los precios de la energía en el que se abordan los problemas de competitividad de las empresas derivados de la transición energética. La cuestión enlaza con el marco político en el que la UE trabaja desde junio con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica y la seguridad económica de la Unión y con una de las prioridades fijadas por la presidencia rotatoria —en manos de Bélgica este semestre— sobre la necesidad de apuntalar la competitividad y la política industrial europeas.

En los últimos años, la industria global ha afrontado graves problemas: desde las perturbaciones en las cadenas de suministro como consecuencia de la covid-19 hasta la creciente fragmentación de la economía global y el encarecimiento de los precios de la energía derivado de la guerra en Ucrania, que evidenció a su vez la fuerte dependencia del suministro exterior. De ahí el interés de las grandes economías por recuperar parte del tejido perdido durante décadas de deslocalización para alcanzar así una seguridad económica con la que garantizar el abastecimiento de productos esenciales, lograr la autonomía en sectores estratégicos o reducir la dependencia de un solo proveedor, como fue el caso de la energía rusa.

La UE lleva cierto retraso. Ya en agosto de 2022, Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en sus siglas en inglés), una norma acompañada de cientos de miles de millones de dólares de inversión pública para proteger a las empresas y sectores considerados estratégicos y facilitar los cambios tecnológicos derivados de la necesidad de hacer frente a los desafíos climáticos y de independencia energética. También ha reforzado su industria tecnológica con la Ley de Chips y Ciencia y, antes, con la legislación de Inversión en Infraestructuras y Empleos. En definitiva, un enorme plan de inversión estatal para reforzar a las empresas y la industria estadounidenses a medio y largo plazo.

Frente a ese modelo, la política industrial europea se ha canalizado básicamente a través del Plan Industrial del Pacto Verde, que no cuenta con el respaldo de instrumentos específicos propios y que deja en manos de los respectivos Estados el grueso del apoyo público a sus industrias nacionales. Eso otorga una enorme ventaja a los países con mayor capacidad fiscal frente a los que tienen menos espacio para el gasto y la inversión pública, algo que de hecho sucede ya con las ayudas de Alemania a sus empresas. Además, si la política industrial europea descansa en las capacidades internas de cada país, la grieta en el mercado único es una amenaza real contra la que vienen alertando numerosos expertos. La propia Comisión Europea cifró en 620.000 millones de euros las inversiones necesarias cada año para la transición verde, a lo que hay sumar el esfuerzo de la digital, de otros 125.000 millones anuales.

No cabe más dilación. Como ha demostrado la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la UE tiene capacidad política y la potencia económica necesarias para hacer frente a este enorme reto, pero debe para ello agilizar tanto el proceso de toma de decisiones como la integración en un solo programa de las diversas políticas que afectan a un sector que representa el 20% de la economía europea y aporta más de 35 millones de empleos.