Bruselas alerta de los riesgos del repliegue industrial en suelo europeo para la competitividad

Volver a traer a Europa la producción que se deslocalizó en las décadas pasadas tiene un precio y no será barato en plena transición ecológica. A las empresas todavía “les resulta económicamente ventajoso, al menos en el corto plazo” producir en países considerados “socios comerciales” y, por tanto, “la diversificación [de su producción], el regreso de la producción o un retorno indirecto puede acarrear costes de producción más elevados”, apunta en un documento de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso EL PAÍS, enviado a los ministros de Finanzas de la zona euro para debatir el próximo lunes en la reunión que mantendrá el Eurogrupo. El texto también avisa de que durante la transición energética “los cambios en la producción pueden traer pérdidas de empleo, aunque en un contexto de mercados laborales” con bajas tasas de paro.

La pandemia y la convulsión geopolítica que estalló con la invasión de Ucrania por Rusia han llevado al conjunto de la UE a mirar la política industrial con más mimo que en el pasado. Se trata de recuperar parte del tejido perdido durante décadas de deslocalización para alcanzar la “seguridad económica”, concepto que complementa al de “autonomía estratégica”, y con el que pretende garantizar un abastecimiento suficiente de productos esenciales, lograr la autonomía de la UE en sectores estratégicos o reducir el riesgo de depender en exceso de un solo proveedor, como puede ser el caso de China en una amplia gama de productos industriales y componentes necesarios para desplegar la transición energética. O como lo fue de Rusia con el gas antes de la guerra en el este del continente.

La Comisión Europea presentó un documento el pasado junio en el que detallaba su visión al respecto y apuntaba líneas de trabajo. En las próximas semanas, el Ejecutivo de la Unión tiene previsto lanzar sus propuestas legales para facilitar ese proceso. “[Esta] es una dimensión política que ha cobrado interés, incluso en Estados Unidos”, apunta el último punto del documento de trabajo elaborado por el departamento de Asuntos Económicos y Financieros del Ejecutivo comunitario.

El objetivo principal de ese texto es que el Eurogrupo, el órgano que agrupa a los titulares de Finanzas, tenga una discusión sobre “el desarrollo de los precios de la energía y las respuestas políticas”. Y, siguiendo el formato habitual de estos documentos, plantea a los ministros varias preguntas sobre energía como punto de partida del debate y una sobre qué políticas e inversiones habría que priorizar para mejorar la competitividad de las empresas europeas a largo plazo.

Precisamente, la competitividad está ganando mucho protagonismo en los últimos meses en la UE. Desde que Estados Unidos aprobó su ley de reducción contra la inflación (IRA, por sus siglas en inglés), acompañada de un paquete de 369.000 millones de dólares en ayudas para las inversiones en la transición verde del sector climático, la preocupación en ese terreno no ha dejado de crecer. De hecho, la presidencia belga del Consejo de la UE la ha señalado como una de sus seis ejes prioritarios de trabajo durante su semestre, como apuntó el primer ministro Alexander de Croo. Y lo mismo han hecho la Comisión Europea al encargarle a expresidente del BCE, Mario Draghi, un informe sobre la competitividad en el continente, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha encomendado a otro ex primer ministro italiano, Enricco Letta, uno sobre el futuro del mercado único.

Tierra prometida

Esos dos textos, como el documento de ocho páginas de la dirección general de Economía, abordarán probablemente la dependencia que tienen los países europeos de China para impulsar con rapidez el despliegue de las energías renovables o las baterías y los coches eléctricos y, en consecuencia, caminar hacia una economía sin emisiones de dióxido de carbono, un horizonte que Europa se ha marcado para 2050. “Cumplir con los objetivos de transición climática y energética puede ser más difícil si se aplica una política acelerada de retorno de producción, debido el alto dominio de China en algunas materias primas y en productos clave para esa transición”, señalan los técnicos de la Comisión, en referencia al suministro de paneles solares, las tierras raras o el magnesio.

Transitar de una economía asentada en los combustibles fósiles hacia una en la que las fuentes de generación energética sean diversas “puede aumentar la resiliencia de la zona euro frente a los shocks externos [como la subida de cotizaciones del gas ruso] y controlar los precios de la energía en el largo plazo”. No obstante, para llegar a esta tierra prometida hace falta una “cantidad significativa de inversiones y mantenerlas en el tiempo”. La propia Comisión Europea cifró en 620.000 millones de euros las inversiones necesarias cada año para esa transición verde, a la que hay sumar el esfuerzo de la digital, otros 125.000 millones anuales. “La mayor parte de esta cantidad tendrá que venir del sector privado”, advertía el informe de perspectiva estratégica.

Y por ahí se cuela en una potencial pérdida de competitividad de las empresas en el corto plazo que puede verse agravada, además, por la repatriación de la producción o, incluso, mantenerla. Cuadrar el círculo parece pasar por un incremento de las ayudas al sector privado, a tenor de los cambios en la regulación que la Comisión aprobó en marzo o como se ha visto esta misma semana, en la que Bruselas ha dado luz verde a que Alemania conceda 902 millones de euros en subvenciones a la compañía sueca Northvolt para que construya una planta de baterías de vehículos eléctricos en Heide (Schleswig-Holstein) y no traslade la producción a Estados Unidos.

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