El pacto europeo sobre migración y asilo, una oportunidad perdida

Los Estados miembros de la UE han cerrado hace unos días el pacto europeo sobre migración y asilo, que tanto las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo como el ministro del Interior español han considerado “un gran éxito”. Sin embargo, para las organizaciones como la que represento, que trabajamos por los derechos humanos y la acogida e integración de las personas migrantes y refugiadas, el pacto ha sido una oportunidad perdida de lograr un acuerdo equilibrado basado en los derechos humanos. Y sigue incidiendo en todo aquello que no ha funcionado en términos de derechos: primacía de los intereses de los Estados, mayor refuerzo en control y externalización de las fronteras con disminución de garantías para impedir que las personas lleguen a la UE y expulsarlas lo más rápido posible, con riesgo de vulneración del “principio de no devolución”.

En septiembre de 2020, la Comisión Europea propuso un nuevo marco normativo que modificara el Sistema Europeo Común de Asilo: el Pacto sobre Migración y Asilo (PMA). En principio, un nuevo sistema diseñado para ofrecer seguridad, claridad y condiciones dignas a las personas que llegan a la UE y que también permitiese a los europeos confiar en que la migración se gestiona de manera eficaz y humana, en plena consonancia con nuestros valores y con el derecho internacional.

El origen era la crisis del sistema de asilo europeo en el año 2015 por la entrada masiva de los refugiados sirios, que intentó resolverse mediante un sistema de cuotas que vetaron los países del Este, lo que llevó a la Comisión Europea a un acuerdo con Turquía, el llamado “acuerdo de la vergüenza”, para que, a cambio de miles de millones de euros, acogiera a los migrantes sirios impidiendo su entrada en la UE. Fue la peor experiencia de externalización de fronteras (Turquía, que no se distingue por ser un país defensor de los derechos humanos, analizaba también si cumplían las condiciones de asilo) y puso de manifiesto las lagunas y deficiencias existentes y la lejanía de un sistema europeo común de asilo garantista y eficaz. Aunque la guerra de Ucrania mostró que cuando había voluntad política los Estados miembros podían ponerse fácilmente de acuerdo en acoger por cuotas a las personas que huían del conflicto y garantizarles sus derechos.

Supuso la crisis del Reglamento de Dublín, que atribuye la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo al país de primera entrada en la UE, normalmente y de forma masiva los países del sur de Europa, ante la indiferencia del resto.

El nuevo pacto incluye un mayor control de las fronteras exteriores de la UE, incluso ampliando la práctica de externalización del control de fronteras en terceros países “seguros”, aunque no garanticen los derechos humanos, como Túnez —un juzgado italiano ya lo declaró no garante de los derechos humanos—, Libia, Marruecos, o ahora Albania, evadiendo las responsabilidades en materia de asilo de los Estados europeos. Recordemos que el Reino Unido lo ha intentado también con Ruanda y los tribunales británicos lo han declarado país no seguro.

Algunos se felicitan de una supuesta solidaridad “obligatoria” de los 27 con los países fronterizos, España, Italia, Grecia y Polonia, que no es tal, sino “flexible”, a la carta, de manera que cada Estado puede elegir entre acoger a personas migrantes llegadas a esos países o rechazarlas pagando 20.000 euros por cada persona rechazada. Se trata de una no solidaridad, pues ningún Estado miembro estará obligado a llevar a cabo reubicaciones, y de un reto moral, en que las personas tienen un precio tasado, como los mercados de antiguos esclavos, en grave conflicto con los valores de la Europa ilustrada.

Por otro lado, el pacto conlleva un endurecimiento general de las condiciones para los solicitantes de asilo, con un procedimiento común en frontera menos garantista en plazos y en derechos, que incluye a mujeres, niños y personas con discapacidad, aplicando criterios diferentes y discriminatorios en función del Estado de origen, con el riesgo de permanecer en situación de privación de libertad hasta que se les autorice la entrada en la UE, en una especie de “ficción jurídica de no entrada”.

Finalmente, el pacto no aborda la promoción de vías legales y seguras de entrada en la UE, que reivindicamos las organizaciones civiles de toda Europa, vías que garanticen la seguridad y la protección de las personas, migrantes y solicitantes de protección internacional, que pasan por razones laborales, de reagrupación familiar, de estudios u otras, o mediante el uso de “visados humanitarios”. Muchas personas que pagan a las mafias para que les traigan en cayucos o pateras pagarían un billete de avión si pudieran conseguir un visado de entrada en la UE, pero al no ser posible, seguirán prefiriendo arriesgar su vida en el Mediterráneo o el Atlántico y continuarán muriendo tragadas por el mar. ¿Hasta cuántos muertos las gentes europeas biempensantes aguantarán?

Las reformas se basan en gran medida en la idea de que el endurecimiento de los procedimientos fronterizos reducirá el número de migrantes y solicitantes de asilo, pero no será así. Las personas huyen del hambre, de la miseria, de la guerra, de la explotación sexual, de los efectos en sus países del cambio climático. El pacto creará más muros, reduce la protección y aumentará la discriminación Norte-Sur. La Europa ilustrada, sus valores, los derechos de las personas, han quedado marginados ante los intereses de algunos Estados, llevados por el discurso y las políticas antimigración de la extrema derecha europea, que ha hecho de este campo eje central de su acción, señalando a migrantes y refugiados como una amenaza a la seguridad nacional. Una oportunidad perdida.