Escudo social parcial

La prórroga por parte del Consejo de Ministros de una parte de las medidas puestas en marcha para paliar la crisis de precios iniciada en 2022, cuya líneas generales ha apuntado este periódico y que está previsto que se apruebe hoy, supone la extensión de una serie de actuaciones focalizadas en la energía, el transporte y la alimentación. La evolución reciente de los precios de la energía —por debajo de las cifras del año pasado— y la moderación de la inflación —que se sitúa en magnitudes (el 3,2%) por debajo del repunte provocado por la invasión de Ucrania— aconsejaban la retirada de los estímulos para 2024. La evolución de las cuentas públicas, que se someterán el año que viene al escrutinio de la Unión Europea bajo las reglas fiscales reformadas la semana pasada, aconsejaban además mantener la prudencia en el gasto en un contexto de notable desaceleración económica.

El impacto de una supresión brusca y total del escudo social podría, sin embargo, generar ahora el efecto contrario al buscado, incidiendo particularmente en las familias más castigadas no solo por los precios, sino también por los altos tipos de interés, que han encarecido notablemente el coste de las hipotecas. Así, parece razonable una estrategia de supresión paulatina en la que, en cada una de las prórrogas, decaen medidas que han dejado de tener sentido. Es lo que ocurrió en su momento con la bonificación al precio de los combustibles, del que solo se mantenía el tramo correspondiente a los sectores profesionales, o la moderación gradual del efecto de la excepción ibérica, que tan buenos resultados ha dado en la relajación de los precios de la electricidad.

Las bonificaciones al transporte público se focalizarán en franjas de población específicas, como jóvenes o parados, mientras que otras acciones, como las rebajas del IVA en alimentos, se mantendrán al menos durante una parte de 2024. Se espera así acompasar dos necesidades prioritarias para la economía española: favorecer el mantenimiento de las rentas de los hogares, muy castigados por la inflación, con la inaplazable prudencia fiscal en un año de consolidación de las cuentas públicas. Hace una semana, el Gobierno confirmó que tendría margen de maniobra para mantener estas actuaciones. Usar responsablemente ese margen requiere de un análisis pormenorizado sobre qué medidas son las más adecuadas en este nuevo escenario económico. Medidas que, en cualquier caso, están destinadas a extinguirse en tanto en cuanto la inflación remita.

Con este último paquete de apoyo, que se ha estado negociando hasta ayer, el Ejecutivo habrá mantenido durante más de dos años un marco de política económica y social destinado a proteger las rentas de las familias. Las evaluaciones desarrolladas durante este tiempo apuntan a que ha sido eficaz en el control de la inflación, aunque ha mostrado unos efectos distributivos dispares, pues mientras unas actuaciones han logrado focalizarse en los sectores más vulnerables, otras —como las rebajas del IVA— no lo han hecho con la intensidad necesaria. Las recomendaciones de los organismos internacionales han insistido en la necesidad de establecer un calendario preciso de retirada de unos estímulos que, llevados a su extremo, podrían terminar incluso siendo contraproducentes. La nueva prórroga apunta en esa dirección y nos recuerda la necesidad de dar prioridad a los hogares que han resultado más castigados por esta severa crisis de precios.