Rigor, pero menos austeridad

El acuerdo para la reforma de las reglas fiscales alcanzado este miércoles en el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) constituye un éxito negociador al tiempo que una mejora sustancial —aunque menor que la deseable— del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) utilizado como palanca de la política de austeridad extrema frente a la Gran Recesión de 2008. Un éxito negociador de la presidenta semestral española, encarnada en Nadia Calviño, junto a los ministros de la locomotora francoalemana, urdidores los tres de un acuerdo que se empezó a negociar formalmente hace solo nueve meses.

Es cierto que los escarceos políticos se remontan al momento en que los Veintisiete decidieron suspender temporalmente la vigencia de las estrictas reglas del PEC en la primavera de 2020, a causa de la pandemia y de las necesidades urgentes y extraordinarias de aumentar los déficits y las deudas públicas nacionales. Aun así, la rapidez del acuerdo es notable teniendo en cuenta la radical discrepancia en el seno de la Unión entre dos grupos: los frugales —el Norte más rico— y los menos prósperos —sustancialmente el Mediterráneo—, más necesitados de inversión y gasto público para equipararse a los más avanzados.

El contenido del acuerdo fiscal es aún mejorable. Pero su resultado, dadas las posiciones integracionistas y sociales del Parlamento Europeo solo puede enriquecerlo, cubriendo algunos vacíos. Se mantienen los objetivos del 3% de déficit y 60% del Pacto de Estabilidad. Las metas son las mismas pero el camino es más flexible.

Lo más destacable es que estas reglas reformadas difícilmente podrán utilizarse como acicate de políticas radicalmente autericidas. Pues se preservan dos principios propuestos inicialmente por la Comisión. Uno, que los planes de ajuste para reducir la deuda acumulada serán plurianuales (entre cuatro y siete ejercicios) y pactados entre cada Gobierno y Bruselas. Y dos, que la “regla de gasto” presupuestario —el principio de que no debe superar los ingresos— se concreta estableciendo la referencia en el gasto “primario”, es decir, descontados los intereses de la deuda y el grueso del gasto en desempleo.

El juego de salvaguardas defendidas por Berlín y flexibilizadas por Francia con la mediación de España se salda, no obstante, con una clara prevalencia del rigorismo alemán: cifras comprobables anuales para la deuda y más exigencia para el déficit. No obstante, se protege la inversión nacional energética, digital y en seguridad. Es de esperar ahora que la Eurocámara —en el trílogo negociador con la Comisión y el Consejo— consiga incluir en esa lista de protecciones los avances sociales: empleo, formación y lucha contra la pobreza además de la prolongación de los planes de ajuste para hacerlos más digeribles.