Retirada progresiva

La economía española crece más que la media europea. La inflación es inferior a la de la eurozona. El mercado de trabajo lleva varios trimestres con una considerable velocidad de crucero, y el desempleo está en torno al 12%, por debajo de la media histórica (aunque sigue siendo una anomalía en Occidente). La situación fiscal ha ido mejorando, el sistema financiero no ha dado sustos desde la Gran Recesión, el sector exterior sigue ofreciendo buenas noticias. Pero la foto de la economía española también presenta sombras: el nivel de PIB precrisis se recuperó con retraso respecto al resto de Europa, el dato de paro sigue siendo insoportablemente alto, el PIB va a ir frenándose y puede que el mayor riesgo sea la posición fiscal española, con un déficit estructural del 4% del PIB y una deuda pública del 110% del PIB después de dos grandes crisis en 15 años. El rescate bancario dejó enormes cicatrices en forma de deuda, y las medidas para paliar el doble shock de la pandemia y la emergencia energética asociada a la guerra en Ucrania sumaron más y más puntos al endeudamiento. Nada de eso parece preocupar ahora mismo a los mercados, con una prima de riesgo bajo control. Y aun así ha llegado la hora de empezar a retirar medidas: ni la crisis energética es ya tan acuciante ni España se puede demorar más si quiere cumplir con las reglas fiscales europeas, sobre todo ahora que van a remozarse.

El Ejecutivo planea retirar a final de año los paquetes de ayuda que aprobó para aliviar el impacto de la escalada de la energía y el irresistible crecimiento de la inflación desde la invasión de Ucrania. Aprobó entonces seis decretos leyes que incluían rebajas en la fiscalidad de la luz y en el IVA del gas y los alimentos básicos. Reforzó el bono social térmico y eléctrico. Bonificó los carburantes y acordó subvenciones al transporte. Esa batería de medidas suma unos 7.000 millones anuales, que han permitido a España capear mejor que otros países la encrucijada económica y la preocupante inflación que ha llevado a los bancos centrales a una escalada de tipos de interés sin precedentes desde los años ochenta. Esa retirada es perfectamente lógica ante un horizonte de regreso al Pacto de Estabilidad en la UE. Los organismos internacionales, y Bruselas en particular, apuntan a que hay que hacer un esfuerzo adicional y ahorrar para rebajar el nivel de deuda.

La retirada es la más difícil de las operaciones militares, y lo mismo ocurre con la política económica; saber modular ese repliegue es el mayor desafío de los próximos tiempos. Habría que evitar una estampida. En plena crisis de Ucrania, esas medidas llevaban el sonido de la mayor bajada de impuestos de la democracia; acabar con eso de golpe puede suponer un estrangulamiento fiscal que mejorará las cuentas públicas, pero a la vez profundizará la desaceleración y añadirá presiones a la inflación. Lo aconsejable es una salida escalonada y progresiva. Lo ineludible es que eso se haga, además, sin dejar atrás a los españoles con menos recursos. Junto al riesgo fiscal, la otra gran bolsa de vulnerabilidad es una desigualdad rampante con un sistema impositivo que no redistribuye lo suficiente.

Para el próximo (o próxima) vicepresidente económico del Gobierno, lo fundamental será aprender a tocar el pedal del freno con suavidad en un pavimento deslizante como el que dejan la desaceleración de la eurozona, la agresiva política monetaria del BCE y la reactivación de las reglas fiscales en Bruselas. En paralelo, Hacienda debe apretar el acelerador de la financiación autonómica. Acertar con ese difícil juego de pies supone un formidable desafío de política económica para el nuevo Gobierno, sea cual sea.