Riesgo en las ayudas públicas

El Gobierno alemán anunció a finales de septiembre que ampliaba su plan de ayudas económicas en marcha (cerca de 100.000 millones de euros) en 200.000 millones adicionales, aplicables a empresas energéticas y de otros sectores muy afectados por la crisis de los carburantes dada su dependencia rusa. Con él ayudaría también a financiar un mes de la factura eléctrica (o gasista) de los hogares. Se trata de una cifra abrumadora, que en conjunto alcanza el 8,4% del PIB alemán, y duplica largamente las ayudas de Francia e Italia juntas. Distintos países, entre ellos España, han dado la señal de alarma por el eventual impacto negativo de esos subsidios en la capacidad de competir de sus propias empresas con las alemanas. El paquete de Berlín carecía de un encuadre legal suficiente, pero la Comisión prepara una actualización del marco temporal europeo de las ayudas, que sí se lo brindaría. El principal recelo que plantea su borrador es la ampliación de las posibles beneficiarias. No se permitiría ayudar ya solo a empresas en apuros de liquidez, sino incluso insolventes (es decir, con balance patrimonial neto negativo). El riesgo es el de amparar unas distorsiones de la competencia potencialmente graves, además de favorecer artificialmente una inflación alemana menor por la vía de sobresubsidiar su sector energético, que es el causante primero y principal del alza de precios.

La crisis inflacionaria amenaza la supervivencia de empresas atenazadas por el aumento de costes de sus materias primas y componentes, de manera que es lógico que el sector público contribuya a su continuidad. Pero sus ayudas no deben ser ilimitadas ni indiscriminadas, so pena de distorsionar la competencia: existe el peligro grave de tratar con distinto rasero a compañías equivalentes dentro del mismo país y ese riesgo se multiplicaría en el conjunto de los Veintisiete al propiciar la creación de fronteras internas Norte-Sur y Norte-Este, en función de la potencia fiscal de cada país para el subsidio de sus empresas.

El mecanismo es una vía directa de erosión del mercado interior europeo, que garantiza en todo el territorio comunitario un campo de juego común a las empresas. Lo hace mediante estándares compartidos (industriales, fitosanitarios) y reglas también comunes de competencia (persecución de abusos de posición dominante y cárteles de precios), además de establecer condiciones de financiación similares (de lo que se ocupa el BCE) para evitar brechas del crédito a unas y otras causadas por las primas de riesgo. Es un pilar capital de la Unión para su economía, y resulta también clave como salvaguarda del mínimo común denominador político indispensable para su mantenimiento. La complicidad de los Veintisiete frente al Brexit encontró su fundamento último en la defensa del mercado interior contra el afán de romperlo desde fuera, convirtiendo a Irlanda del Norte en zona privilegiada de elusión fiscal y contrabando. Desde la pandemia y la guerra, la Unión ha imprimido una flexibilidad adecuada a su política de competencia al validar ayudas de Estado nacionales potentes, pero sujetas a condiciones: cantidades limitadas y solo a empresas solventes con problemas de liquidez.

En términos políticos, es cuestionable privilegiar de ese modo al país que encabeza la resistencia a la mayoría partidaria de fijar topes al precio del gas. En términos europeos, ese posible revés podría haberse evitado mancomunando los programas de ayudas contra el impacto de la guerra en Ucrania, como se hizo para el plan de recuperación Next Generation (los eurobonos). Sería esa la solución más solidaria para reforzar la unidad de la UE.