Proteger y activar el empleo

Tras intensas negociaciones entre los ministerios de Trabajo y Economía, y al borde del tiempo límite, el Consejo de ministros anunció ayer la reforma del subsidio de desempleo. Se trata de un instrumento pensado para atender las necesidades de quienes ya no cumplen los requisitos de otras prestaciones, una situación en la que se encuentran un millón de personas en España. El subsidio se otorgaba en situaciones de último recurso, pero la ampliación de la red de protección a través del Ingreso Mínimo Vital, como última línea de atención, aconsejaba reconfigurar su naturaleza y adaptarla a la nueva realidad social, completando así el sistema y mejorando su eficacia global. España comprometió estos cambios en el Plan de Recuperación y es, por lo tanto, uno de los objetivos que el país debe cumplir para seguir accediendo a los desembolsos de la Unión Europea antes de terminar el año.

La reforma, que figuraba genéricamente en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, apunta a un subsidio con un sistema de ingresos inverso en el que se percibirá más al principio: se ampliará a 570 durante el primer semestre, una cantidad que decrece hasta los 540 los siguientes seis meses y se mantiene en 480 —la cuantía actual— a partir de un año. Se refuerza así su vinculación al seguimiento de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. En caso de acceder a un puesto de trabajo, el subsidio será compatible con el salario hasta un máximo de 180 días. De este modo, un instrumento inicialmente pensado como un sistema de protección de rentas se convierte en una política dirigida a activar a la población desanimada. La reforma pretende además agilizar los trámites para obtenerlo —eliminando el mes de espera—, ampliar la cobertura a nuevos colectivos —entre ellos, los menores de 45 años, que hasta ahora solo optaban a él si tenían cargas familiares— y mejorar su efecto sobre quienes lo perciben. El sistema protege a 1,76 millones de trabajadores, pero en España hay 2,7 millones de parados. Las razones de fondo para acometer esta reforma son evidentes: el dinamismo del mercado laboral ha permitido impulsar la incorporación al trabajo de personas inactivas, pero el paro sigue siendo excesivamente alto, sobre todo si lo comparamos con la media de la Unión Europea. Con esta reforma, de hecho, el Gobierno pretende reducir la tasa de desempleo (11,84%) a niveles comparables con los socios europeos (6%).

Esta situación convive, paradójicamente, con la existencia de plazas vacantes en el 42% de las empresas, según datos del Banco de España. La coordinación de la protección y las políticas activas de empleo sigue siendo un reto pendiente, y esta reforma avanza en esa dirección. Así lo han expresado en numerosas ocasiones tanto la OCDE como la Comisión Europea y, de llevarse a buen puerto, homologaría el sistema de protección español con los de los países de su entorno.

No debemos, en cualquier caso, olvidar que los incentivos monetarios no son suficientes si no vienen acompañados con una mayor inversión y eficacia en las estrategias de formación, orientación y mediación ofrecidas por los servicios públicos de trabajo. El despliegue de la ley de empleo, aprobada este mismo año y todavía por desarrollar, y el rediseño de subsidio están en la buena dirección, pero las políticas de empleo siguen teniendo un largo camino por recorrer en un país con un nivel de paro todavía inaceptable.