Una gobernanza fiscal global

La Asamblea General de la ONU aprobó el 22 de noviembre una resolución para poner en marcha una Convención Marco para la cooperación tributaria internacional. La resolución, presentada a iniciativa de los países africanos y aprobada por una gran mayoría de la Asamblea General, es un paso de gigante en la colaboración económica global: desafíos como las agresivas estrategias fiscales de las multinacionales, la existencia de paraísos fiscales y las nuevas realidades de la economía digital están socavando la capacidad tributaria de muchos Estados, de manera que solo a través de la cooperación internacional se podría establecer un régimen que permitiese a los países obtener los recursos fiscales necesarios para asegurar su propio desarrollo. Las estimaciones apuntan a un coste de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales por impuestos no recaudados, una cifra que supone hasta un 10% de todos los impuestos pagados por beneficios empresariales a nivel mundial. En el caso de España, esta cifra se ha estimado en un 16% de todo el impuesto de sociedades recaudado anualmente.

La iniciativa se construye sobre el clima de debate establecido por la OCDE en el marco de los trabajos para mitigar los efectos negativos de las planificaciones fiscales de las compañías transnacionales. Empresas que a través de una minuciosa planificación terminan declarando gran parte de sus beneficios en jurisdicciones con impuestos de sociedades muy bajos o incluso nulos.

Este mismo julio, la OCDE y el G-20 alcanzaron un acuerdo para establecer un régimen de cooperación tributaria a través de un convenio multilateral al que se habían sumado más de 140 países, que debería firmarse en 2025 y que estipula un tipo mínimo del 15% para los beneficios empresariales. La iniciativa de la OCDE, sin embargo, se ha quedado corta y no cumplirá las expectativas.

Es sorprendente que precisamente los países que impulsaron ese marco en el seno del G-20 y la OCDE, y particularmente los países de la Unión Europea, se hayan opuesto a la propuesta aprobada en la Asamblea General. Europa ha sido uno de los grandes impulsores de la cooperación tributaria internacional. Si esta se amplía y profundiza bajo el paraguas de la ONU, ganará en inclusividad y, muy probablemente, en efectividad. Nada impediría además que los países que lo desearan pudieran avanzar más allá de lo establecido en la futura convención. Pese a estas razones, la OCDE y la UE se muestran reacios a perder el liderazgo frente a unas Naciones Unidas que no suelen contar con la confianza occidental en asuntos de gobernanza económica. El proceso acaba de comenzar y España, uno de los valedores de la ONU en Europa, haría bien en liderar la plena participación de la Unión en este proceso, evitando así que los países europeos se conviertan, por una vez, en parte del problema.