La OCDE cierra un acuerdo con 136 países para fijar un gravamen global mínimo del 15% para las multinacionales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) avanza en su titánico objetivo de lograr que las multinacionales tributen más. Según ha anunciado este viernes la institución con sede en París, el acuerdo suma ya 136 países —con todo el G-20—, tras la decisión de los europeos hasta ahora reticentes, Irlanda, Estonia y Hungría, de unirse al pacto global al aceptar el objetivo de aplicar un gravamen global del 15% sobre los beneficios de las multinacionales a partir de 2023.

Las negociaciones sin embargo han recibido un revés inesperado con la decisión de Pakistán de desvincularse del consenso, al que también siguen sin adherirse Sri Lanka, Kenia y Nigeria. El objetivo así de lograr el consenso de los 140 países y territorios asociados implicados en las negociaciones, que duran ya varios años, sigue de este modo todavía sin cerrarse. Las próximas citas clave serán la cumbre de los ministros de Finanzas del G-20 en Washington el 13 de octubre y la de los jefes de Estado y Gobierno en Roma a finales de mes.

Aun así, la OCDE ha celebrado como “pionero” el acuerdo. “Hará que nuestros acuerdos fiscales internacionales sean más justos y funcionen mejor”, dijo el secretario general del organismo, Mathias Cormann. Los 136 países signatarios de la Declaración sobre la solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía representan más del 90% del PIB mundial y permitirán reasignar más de 125.000 millones de dólares de beneficios procedentes de alrededor de las 100 mayores y más rentables empresas multinacionales a países de todo el mundo, destaca el organismo. Y esto “asegurará que dichas empresas paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponda, con independencia de dónde lleven a cabo sus actividades y generen los beneficios”.

Las reticencias de los europeos que aún faltaban por unirse empezaron a caer en las últimas horas. El jueves, Irlanda dio por fin su brazo a torcer, no sin antes conseguir un objetivo clave: lograr quitar el “como mínimo” de la propuesta de aplicar un gravamen global del 15% a las multinacionales. Esa cifra es superior al 12,5% que aplica en su territorio, y que le ha permitido acoger en sus fronteras a más de un millar de multinacionales tecnológicas, financieras o farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Intel, LinkedIn, IBM o Twitter. Estonia también declaró el jueves que aceptaba el acuerdo. Y poco antes del anuncio oficial desde París de la OCDE, Hungría, el país que alardeaba de tener el impuesto de sociedades más bajo del bloque (9%), también oficializó su decisión de adherirse este viernes.

La tasa mínima del 15% será aplicada a toda empresa multinacional que facture más de 750 millones de dólares. Según la OCDE, esto generará unos 150.000 millones de ingresos impositivos anuales.

“Es una gran victoria para un multilateralismo más equilibrado y eficaz. Es un acuerdo ambicioso que garantiza que nuestro sistema fiscal internacional cumple su propósito en el marco de una economía mundial digitalizada y globalizada”, aseveró Cormann. “Ahora debemos de trabajar rápido y de manera diligente para asegurar la implementación eficiente de esta gran reforma”, agregó el australiano.

La OCDE quiere que la convención multilateral que fije todos los acuerdos sea firmada por los países a lo largo de 2022, para que pueda ser implementada en 2023.

Además del acuerdo del impuesto mínimo global de sociedades del 15% para las multinacionales, que constituye el denominado “segundo pilar” del acuerdo, los 136 países que se han adherido al proyecto de la OCDE han acordado fijar las cuotas del “pilar uno” para lograr “una distribución más justa entre países de los beneficios y derechos de imposición relativos a las mayores y más rentables empresas multinacionales”.

Esta medida pretende que las grandes empresas paguen impuestos donde realizan sus ventas, a través de una redistribución de sus beneficios entre países. Este pilar afectará a las multinacionales cuya facturación mundial supere los 20.000 millones de euros y cuya rentabilidad exceda del 10%, que son las que la OCDE considera que más se benefician de la globalización: estas sociedades estarán sometidas a las nuevas normas, así que se reasignará a los mercados donde tienen ventas el 25% del beneficio que supere el umbral del 10%, un nivel que puede dejar fuera a grandes empresas.

Con ello, la OCDE espera reasignar a esas jurisdicciones de mercado el derecho de imposición sobre más de 125.00 millones de dólares de beneficios anuales. La idea, señala el organismo, es que “en los países en desarrollo, el aumento de la recaudación tributaria sea proporcionalmente mayor que en las economías más avanzadas, en relación con los ingresos actuales”.

Críticas

No todos sin embargo lo ven así. Ya en vísperas del acuerdo, Oxfam International calificó la decisión como un “apaño de los países ricos”. La ONG calcula que, para los 52 países en desarrollo, el acuerdo en el “pilar uno” solo supondrá un aumento del 0,02% de su PIB en ingresos tributarios adicionales. También recuerda que el 15% acordado en el “pilar dos” —y que solo se ha logrado cerrar después de que la OCDE accediera a retirar el “como mínimo” que podría haber abierto la puerta a un futuro incremento— está muy lejos del 25-30% mínimo recomendado por el panel de Naciones Unidas sobre Responsabilidad Financiera, Transparencia e Integridad (FACTI, por sus siglas en inglés) y “beneficiará ampliamente a los países ricos, aumentando la desigualdad”.

“Lo que podría haber sido un acuerdo histórico para acabar con la era de paraísos fiscales se está convirtiendo rápidamente en un apaño de los países ricos”, lamentó la responsable de política fiscal de Oxfam, Susana Ruiz. “Es una vergüenza que se ignoren las preocupaciones legítimas de los países en desarrollo mientras que países de bajos impuestos como Irlanda han conseguido aguar los ya limitados aspectos del acuerdo”, declaró.

Por el contrario para Francia, uno de los países que más ha presionado para que se grave a los gigantes digitales —su decisión de imponer su propia tasa Google a falta de un acuerdo internacional, al igual que España, la enfrentó a los Estados Unidos de Donald Trump—, es una “noticia excelente” que “abre la vía a una verdadera revolución fiscal para el siglo XXI”, dijo el ministro de Economía galo, Bruno Le Maire.

El acuerdo “definitivo” alcanzado este viernes en París supone “más justicia en materia fiscal, porque por fin los gigantes digitales van a pagar impuestos de manera justa en los países donde obtienen beneficios y por fin vamos a poder luchar de manera más eficaz contra la optimización fiscal”, dijo en unas breves declaraciones. Supone también “una revolución”. “Nos permite gravar las actividades inmateriales, que son las que van a generar más actividad y beneficios en los años venideros”, celebró.