Ley orgánica de la mentira

Si te importa la mentira, es difícil estar a favor de la impunidad a cambio de la investidura: no solo por el hecho de exonerar a quienes robaron dinero público para desarrollar un proyecto político que restaba derechos a sus conciudadanos, sino por las falacias con que se defiende, la oscuridad con que se ha gestionado y el cinismo con que se ha ejecutado. Todo el mundo sabe que la amnistía obedece a una sola necesidad: los siete votos de Junts. El único motivo real está ausente de la exposición de motivos de la proposición de ley. Todo lo demás —los “argumentos jurídicos”, la “pedagogía” política, la apelación a “la concordia”— es farfolla: “Cosa de mucha apariencia y poca entidad” (DLE). La principal farfolla es fingir que esa palabrería cambia algo.

Tampoco deberíamos aceptar que el cuarto y quinto partidos más votados se consideren los únicos representantes válidos de Cataluña o transigir con las falsedades del acuerdo Junts-PSOE, refutadas por la asociación de Historiadors de Catalunya. No son aceptables las mentiras y tergiversaciones que se usan para explicar el procés, empezando por la atribución de su origen a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Algunos defensores dicen que Pedro Sánchez ha engañado a los separatistas —con la misma astucia con que ha engañado a todos los demás, señalan a manera de elogio—; los independentistas se jactan de que ellos no han renunciado a nada: al parecer, debemos confiar en que salga bien un pacto donde ambas partes presumen de haberse engañado entre sí. En el preámbulo, como ha escrito Germán Teruel, se parte del presupuesto de que “el interés general apreciado por el Parlamento, en tanto que órgano de representación de la soberanía popular, se impone a la igual sujeción de todos a la ley”. Hay razones para inquietarse ante esa concepción antiliberal, pero además el interés general es espurio. No motiva la ley otro interés que la conveniencia personal: la de Pedro Sánchez y la de Carles Puigdemont. Los beneficiados directos de la amnistía son los que la han impulsado y redactado. Jesús Zarzalejos Nieto recordaba una frase de Marcelino Camacho en el debate de la Ley de Amnistía de 1977: “Nosotros afirmamos desde esta tribuna que esta es la amnistía que el país reclama y que, a partir de ella, el crimen y el robo no pueden ser considerados, se hagan desde el ángulo que sea, como actos políticos”. A eso hemos renunciado a cambio de siete votos. @gascondaniel