Naturaleza restaurada

La Ley de Restauración de la Naturaleza acaba de recibir un notable impulso gracias al acuerdo entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete, si bien todavía debe ser ratificada por el Consejo y la Eurocámara. Esa ley era una de las prioridades del semestre de presidencia española del Consejo, por lo que supone un importante triunfo político de la vicepresidenta y ministra para la Transición energética, Teresa Ribera.

La iniciativa pretende restaurar de aquí a 2030 al menos el 20% de las áreas terrestres y marítimas de la Unión Europea. Es, pues, la primera gran ley sobre biodiversidad de la UE. Se trata además de una normativa especialmente trascendental para fortalecer las políticas medioambientales, ya que plantea no solo proteger los espacios naturales sino restaurar los deteriorados, que en el caso de la Unión representan nada menos que el 81% de los hábitats terrestres y acuáticos.

Por otro lado, su procelosa tramitación merece atención porque ilustra bien las necesidades y obstáculos de la transición ecológica. Si bien la ley empezó siendo objeto de un acuerdo transversal, los conservadores y parte de los liberales cambiaron de posición a lo largo del proceso, especialmente tras las últimas elecciones regionales de Países Bajos, celebradas en marzo pasado. El vencedor de esos comicios, el Movimiento de los campesinos holandeses, dio la voz de alarma en el espectro conservador europeo. Se trata de una nueva formación, creada en 2019, que hace de la reivindicación del mundo rural su principal bandera. Así, su programa recoge el malestar en ese sector y lo proyecta sobre algunos aspectos de las políticas de transición medioambiental, en especial sobre la gestión de residuos y el cierre de macrogranjas.

Si la ley ha conseguido llegar, por ahora, a buen puerto es gracias por tanto al empuje de las fuerzas progresistas y de las organizaciones ambientalistas, que han llamado la atención de la opinión pública sobre la imperiosa necesidad de que saliera adelante. En los últimos pasos de la tramitación, no obstante, la nueva norma puede volver a ser objeto de las trabas y dilaciones a cargo del reticente Partido Popular Europeo, motivo por el que las organizaciones ecologistas no quieren dar la batalla por ganada.

La tramitación de la Ley es un claro ejemplo de la necesidad de consenso para impulsar las políticas ambientales, así como de las resistencias que pueden surgir en sectores de la sociedad que se sienten amenazados por el proceso de transición hacia un modelo más sostenible. Hacen falta, pues, líderes políticos que miren a largo plazo y apuesten de forma nítida por la transición ecológica al tiempo que impulsan medidas que sirvan para paliar los perjuicios que el nuevo modelo pueda causar en sectores concretos. Para eso nació el concepto de Transición Justa —hoy incorporado a muchos acuerdos internacionales y a diferentes estrategias europeas—, para garantizar que la transición avanza a buen ritmo sin dejar en la cuneta a los damnificados. Otro mundo es posible, pero es más caro. Por ahora.