La ley medioambiental con más carga política de la UE entra en su recta final tras superar los intentos de la derecha de tumbarla

Un aire de expectación, mezclado con una buena dosis de nerviosismo, cunde estos días entre los responsables de negociar el texto final de la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), que debería estar listo a finales de esta semana, para su posterior ratificación definitiva por parte de los Veintisiete y del Parlamento Europeo. La normativa, que pretende restaurar para 2030 al menos el 20% de las áreas terrestres y marítimas de la UE, aspira a ser la primera gran ley sobre biodiversidad de la UE. Pero su paso por la Eurocámara, y también por el Consejo (los Estados miembros) ha estado rodeado de tantas presiones e intereses políticos, con unas votaciones intermedias de infarto en cada fase y múltiples maniobras y boicoteos, que a no pocos les cuesta creer aún que haya logrado siquiera llegar viva hasta aquí.

“Políticamente, la LRN es uno de los acuerdos más sensibles y difíciles” del actual mandato europeo, señalan fuentes conocedoras de las negociaciones finales. Conlleva, explican, una “complejidad política” que no se corresponde con la ley en sí, y que es fruto de un ambiente político muy tenso en un cargado año electoral que culminará con la renovación de la Eurocámara, en junio de 2024.

Así, lo que debía ser la joya de la corona de un quinquenio europeo marcado por la ambición de la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático —¿quién se podría oponer a la primera legislación en los casi 70 años de la UE que persigue explícitamente restaurar la naturaleza de Europa, donde el 81% de los hábitats terrestres y acuíferos están en mal estado?— se ha convertido en una de las mayores batallas políticas de los últimos años. Y en un buen reflejo de la dificultad de pasar de las palabras y buenas intenciones ante la amenaza planetaria por el calentamiento global a acciones políticas concretas con un impacto directo en las poblaciones, es decir, en los votantes.

“Es un primer paso capital. Ha costado muchos años entender que proteger los espacios prístinos, desgraciadamente, ya no es suficiente. Es imprescindible restaurar lo deteriorado. En España tenemos ejemplos claros, como el Mar Menor o el entorno de Doñana”, defiende la ley la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, quien durante la presidencia española de turno del Consejo de la UE ha hecho de la LRN una de sus prioridades.

Pero lograr un acuerdo no ha sido, ni será, fácil. Varios golpes electorales a comienzos de año, sobre todo la inesperada victoria en las regionales de Países Bajos —que a finales de mes celebra elecciones generales— de una formación campesina, así como protestas y presiones del sector agrícola y pesquero, hicieron que el Partido Popular Europeo (PPE), dirigido por el alemán Manfred Weber, llamara de pronto a tumbar una normativa a la que, pese a las refutaciones científicas, acusan también de poner en riesgo la seguridad alimentaria. La marcha atrás de los conservadores —apoyados por parte de los liberales—, en lo que ha sido ampliamente considerado como un guiño de cara a futuras alianzas con la ultraderecha para las elecciones europeas de junio, obligó a hacer auténticos malabarismos en la Eurocámara para sacar, con apoyos raspados y tras grandes concesiones, una propuesta muy aguada, pero que al menos no dio al traste con toda la normativa, como pretendía el PPE. Una victoria “agridulce”, como la llama el ponente de la normativa, el eurodiputado socialista César Luena, pero que ha permitido que siga su camino legislativo. Aunque las dudas y sobresaltos, reconocen todas las partes, se pueden multiplicar hasta el final del proceso. El hecho de que el Consejo aprobara su versión de la ley con una mayoría cualificada muy justa —basta con que un país cambie de opinión para que todo se vaya al traste, advierten los negociadores— añade un grado de tensión más a unas negociaciones interinstitucionales ya de por sí difíciles.

La gran nueva prueba tendrá lugar este jueves, cuando se celebre el que debería ser el último de los denominados trílogos —negociaciones entre Consejo y Parlamento, junto con la Comisión— para llegar a un acuerdo político provisional, que luego debe ser ratificado tanto por los eurodiputados como por los países. Un proceso normalmente protocolario (para eso se negocia arduamente en los trílogos) pero que, en este caso, puede todavía dar sustos, coinciden todas las partes negociadoras.

“Los ecosistemas no esperan y las instituciones no los pueden abandonar. No hay progreso, ni seguridad alimentaria sin protección y restauración de la naturaleza. Confío en que parlamentarios europeos, Comisión y Consejo lleguemos a un acuerdo el jueves. Los europeos no nos perdonarían que no fuera así”, urge Ribera.

La gran paradoja de este reglamento europeo es que rompe incluso con las tradiciones institucionales: normalmente, son los eurodiputados los más ambiciosos, mientras que los Estados tratan por todos los medios de rebajar las condiciones. Pero con la LRN ha ocurrido lo contrario: son los países los que han negociado un texto que se mantiene en el “máximo de ambición”, yendo incluso a veces más allá que la propuesta original de la Comisión, señalan las fuentes. Mientras, el Parlamento Europeo tiene el mandato de rebajarlo, un precio político que los defensores de la LRN tuvieron que pagar para lograr que la normativa no muriera en la Eurocámara.

Pero aunque urge el acuerdo, no puede ser a costa de hacerlo irrelevante, alertan las organizaciones medioambientales, que han sido claves a la hora de hacer presión social para que no decayera la normativa.

“Tenemos que asegurarnos de que lo que se negocie sean elementos sacrificables y no partes integrales de la ley que, si se quitan, hagan que la normativa no logre cumplir sus promesas”, explica Ioannis Agapakis, abogado de la ONG Client Earth.

Según los negociadores, son cuatro los puntos más calientes de las discusiones que deben cerrarse el jueves.

Mientras el Consejo propone restaurar áreas en todo el territorio europeo, el Parlamento quiere reducirla a las establecidas en Natura 2000, la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. La batalla también se libra en torno al artículo 9, que establece los indicadores de restauración en los ecosistemas agrícolas y que el mandato de la Eurocámara exige suprimir. De igual modo, hay un fuerte pulso —sobre todo desde Países Bajos— para rebajar o flexibilizar las cláusulas de no deterioro que obligan a los Estados a evitar que áreas restauradas den marcha atrás. Finalmente, otro punto arduo de las negociaciones es el “freno de emergencia” que impusieron los eurodiputados para posponer los objetivos de la norma “en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales”, como el incremento del precio de los alimentos un 10% durante un año y una reducción de la producción alimentaria europea de 5%. Los Estados y muchas organizaciones medioambientales lo consideran una medida cosmética difícil de implementar —”parece una cláusula de un contrato privado de servicios, no algo que se vea en una ley medioambiental”, comenta Agapakis— y el éxito de las negociaciones estribará en encontrar una formulación que a sus defensores les permita clamar victoria sin que tenga realmente efecto o llegue siquiera a ser aplicable.

César Luena confía, pese a las dificultades, en un “buen resultado” de las negociaciones finales del jueves. Y en que el PPE acabe validando una ley “buena” y “necesaria”. Porque, como acota la vicepresidenta Ribera, “en cuestiones como esta, no debería haber posiciones de regate corto”.

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