Los Veintisiete dan su visto bueno a la ley de biodiversidad rechazada por el PP europeo

La muy politizada propuesta de ley para la Restauración de la Naturaleza (LRN) ha recibido un fuerte espaldarazo este martes en Luxemburgo, donde los ministros de Medio Ambiente han dado el visto bueno de los Veintisiete, incluso con el apoyo de algunos países en manos conservadoras, a una normativa considerada como “el buque insignia de la biodiversidad” en el Pacto Verde de la UE, pero que el Partido Popular Europeo (PPE) de Manfred Weber ha llamado a tumbar.

Aunque con numerosas propuestas para “flexibilizar” y hasta rebajar significativamente la propuesta original de la Comisión Europea, el texto elaborado por la presidencia rotatoria sueca de la UE —en tanto que Gobierno, el sueco se pronunció en contra— recibió el apoyo de una mayoría suficiente para salir adelante, con el respaldo incluso de países hasta el último momento estuvieron en duda, como Dinamarca o Malta. España, Francia, Alemania o incluso Hungría y Grecia, uno de los países donde gobiernan los conservadores del PPE, dieron su respaldo a la normativa, que pese a todas las concesiones fue rechazada por Polonia, Finlandia e Italia, además de Suecia, mientras Bélgica, Países Bajos y Austria abogaron por abstenerse.

“Hoy es un buen día para la naturaleza”, han celebrado tanto la ministra sueca de Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, como el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.

De este modo, aumenta la presión sobre la Eurocámara, donde el PPE no logró en un primer intento descarrilar la semana pasada la iniciativa legislativa con una enmienda a la totalidad del texto, pero donde todavía falta finalizar una votación clave en la comisión de Medio Ambiente (el próximo 27 de junio) y que el texto final sea también aprobado por el pleno, previsiblemente en julio. Solo entonces, y si es aprobada la posición parlamentaria, podrán comenzar los denominados trílogos, las negociaciones a tres bandas entre Estados, Parlamento y Comisión Europea para alcanzar un texto final de compromiso. Unas negociaciones que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha prometido serán prioritarias durante la presidencia española de la UE que comienza en 10 días.

“Es nuestra responsabilidad en este momento”, ha declarado ante sus colegas europeos. Para Ribera, el texto aprobado este martes “está por debajo” de lo que hubiera preferido adoptar el Gobierno español, en vista de las múltiples concesiones realizadas —“flexibilidades”, lo ha calificado la presidencia sueca— en materia de ritmos y ajustes de planes nacionales a los objetivos finales para lograr el apoyo de los países más reticentes. También se ha rebajado el texto para para ofrecer garantías a zonas con alta densidad de población, regiones ultraperiféricas, áreas agrícolas o de defensa, criterios de rehumidificación o energías renovables. Aun así, ha valorado Ribera, la posición negociadora de los Veintisiete “es un paso adelante significativo, porque nos permitirá seguir sumando otras voluntades políticas y privadas y negociar con el Parlamento Europeo”.

España ha sido uno de los países que con más vehemencia ha defendido la LRN y, también, de los que más han criticado los esfuerzos por hacerla descarrilar del PPE, en el marco de los cuales se encuadran, también, las críticas de Weber a la Comisión Europea por advertir duramente en contra de la proposición de ley de la Junta andaluza para legalizar regadíos irregulares en el entorno de Doñana. A su entrada a la reunión luxemburguesa, la también ministra de Transición Ecológica ha lamentado el “activismo en contra” de la ley por parte del PPE y ha acusado al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de carecer de una agenda medioambiental en un momento en el que España, y toda Europa, están sufriendo en primera línea el impacto del cambio climático.

A Feijóo “todavía no se le ha oído una sola palabra sobre qué opina de la naturaleza, de las políticas ambientales, las climáticas y la política energética, algo que es determinante para el progreso de nuestro país, para la generación de empleo, la preservación de la ganadería, la agricultura o el agua”, ha declarado Ribera. “Se puede reflexionar sobre algunos de los detalles, pero no se puede cuestionar la necesidad de restauración”, ha recalcado.

La propuesta de ley para la Restauración de la Naturaleza se ha convertido en un arma arrojadiza política en Bruselas y más allá de las instituciones europeas. El tono se ha ido elevando exponencialmente en las últimas semanas, a medida que la normativa ocupaba debates en varias comisiones parlamentarias y entre los Estados miembros. Alegando preocupaciones —rechazadas por científicos y hasta grandes corporaciones internacionales como Unilever, Inditex o Nestlé— en materia de seguridad alimentaria y del futuro de agricultores y ganaderos, el PPE redobló en las últimas semanas los esfuerzos para que se rechace una propuesta legislativa que quiere sea “retirada” por completo.

Una estrategia que otras formaciones políticas, y hasta Gobiernos europeos, han achacado a los intentos de Weber de capitalizar votos y acercarse a posiciones de la extrema derecha con fines legislativos en un año electoral clave que concluirá con elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024, así como por su enfrentamiento personal con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pese a que ambos son de la misma familia política.

“Oposición tribal”

Al comienzo de la cita en Luxemburgo, el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans, responsable para el Pacto Verde, la hoja de ruta de la UE para desarrollar una economía descarbonizada y climáticamente neutral, había lamentado la “oposición tribal” creada en torno a la propuesta legislativa que busca, en consonancia con los compromisos internacionales de la UE en materia de biodiversidad, reparar para 2030 al menos el 20% de los ecosistemas —terrestres y marinos— dañados y el conjunto de los ecosistemas que necesiten ser reparados hasta 2050.

“Me entristece que algunos estén intentando arrastrar la política medioambiental a las guerras culturales porque se crea una especie de oposición tribal. Y llegados a ese punto, los hechos ya no importan”, dijo a su llegada a Luxemburgo.

Para el socialdemócrata neerlandés, uno de los comisarios más vilipendiados por el PPE y por gobiernos tanto conservadores como claramente ultras, “la crisis climática trasciende las diferencias políticas” y no debería ser una cosa “de izquierdas o derechas, debería ser una cuestión panpolítica”. Pero si la lucha contra el cambio climático acaba “arrastrada a las guerras culturales, amenaza con dejarnos paralizados en momentos en que lo que menos nos podemos permitir es estar paralizados”.

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