España, Alemania, Francia y Luxemburgo presionan para que los Veintisiete aprueben la ley ambiental en disputa

La propuesta para una Ley para la Restauración de la Naturaleza (LRN) no solo está agitando los pasillos del Parlamento Europeo con los esfuerzos del Partido Popular Europeo (PPE) por tumbarla. También los Estados miembros tienen que aprobar su posición común sobre esta normativa clave del Pacto Verde europeo. Y aunque se perfila una mayoría más que suficiente para que la normativa salga adelante en el consejo de Ministros de Medio Ambiente del próximo martes, la presidencia sueca de turno podría estar maniobrando para retrasar la votación. Ante esto, España, Alemania, Francia y Luxemburgo han escrito a la ministra sueca de Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, advirtiéndole de la “devastadora señal” que un aplazamiento provocaría en vista de la bronca en la Eurocámara.

“La mayoría de los Estados miembros ha declarado de forma reiterada su intención de lograr una posición común en este Consejo y no querrían poner en riesgo unas negociaciones bien avanzadas”, escriben a Pourmokhtari en una carta que ha podido ver EL PAÍS de las ministras del ramo de España, María Teresa Ribera; Alemania, Steffi Lemke; Luxemburgo, Joëlle Welfring, y su par francés, Christophe Béchu.

Los ministros se dicen “profundamente preocupados” por la posibilidad de que Suecia, uno de los países más reticentes a la legislación medioambiental, retire el asunto de la agenda de la cita en Luxemburgo. Porque dilatar las negociaciones conllevaría un peligro más serio aún, advierten: “Provocar dudas adicionales sobre una propuesta legislativa que es una parte esencial del Pacto Verde de la UE sería una señal devastadora”, alertan en la misiva, fechada esta misma semana en Berlín. Sobre todo “en vista de desarrollo ambiguo del dossier en el Parlamento Europeo”, donde este mismo jueves se frenó un primer intento del PPE de tumbar la normativa, pero que aún no ha sido aprobada siquiera en la comisión de Medio Ambiente.

Fuentes diplomáticas aseguran que hay una mayoría suficiente para sacar adelante la semana próxima la posición común —el texto por parte de los Estados tendrá que ser negociado con el que salga de la Eurocámara, si es finalmente aprobado, en futuras negociaciones con la Comisión Europea para pactar una propuesta de ley final— de la LRN. Además de Estocolmo, solo Finlandia, Estonia, Lituania, Austria y Países Bajos siguen oponiéndose, de acuerdo con las fuentes. La semana pasada, Bélgica, otro de los Estados reticentes, se abrió a cambiar de postura tras la última propuesta negociadora de la presidencia sueca, que se presenta como un “texto de compromiso” que “mantiene el equilibrio entre mantener metas ambiciosas para la restauración de la naturaleza y proporcionar flexibilidad a los Estados miembros para la implementación del reglamento”.

Los Veintisiete, insisten los cuatro ministros, son además muy “conscientes” del mensaje que supondría no lograr acordar una posición común de cara a los socios internacionales. “Sobre todo en vista de los recientes logros y compromisos de la UE bajo la Convención de diversidad biológica”, agregan.

La propuesta legislativa prevé reparar el 20% de la superficie terrestre y marina de la UE para 2030 y el conjunto de los ecosistemas que necesiten ser restaurados hasta 2050. Está considerada un elemento clave del gran proyecto de transición verde europeo y una medida pionera en materia de biodiversidad. Además, ayudará a la UE a cumplir los compromisos internacionales acordados en la COP15 de Kunming/Montreal en diciembre de 2022, en particular sobre la restauración de ecosistemas.

A un año de las elecciones europeas y con un calendario de comicios nacionales clave en la UE, la Ley de la Restauración de la Naturaleza (LRN) se ha convertido en un arma arrojadiza en los pulsos políticos de Bruselas. Sobre todo para el PPE, que en un intento de ganarse el voto descontento de agricultores y ganaderos, y de hacer más guiños a la ultraderecha, se ha propuesto tumbar una ley que afirma afectará al sector agrícola y a la seguridad alimentaria, pese a los desmentidos de la comunidad científica y hasta de grandes corporaciones que se han aliado para defender la ley atacada por varios frentes.

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