Pedro Sánchez y la “Operación Tiesto”

Así la denominaron: Operación Tiesto. Faltaban cinco días para la Navidad de 2018. Los equipos habían dedicado las jornadas previas a negociar, más que el contenido, la logística del encuentro entre Quim Torra y Pedro Sánchez. Lo cuenta Lola García en El muro. Estaba claro que no podían mantener la reunión en el Palau de la Generalitat. En el balcón estaba colgada la pancarta que denunciaba la existencia de presos políticos, el símbolo de la presidencia de Torra. Era inimaginable que el presidente del Gobierno de España pasase por aquel tubo. Se optó por el Palacio de Pedralbes. También se discutió sobre fotografías: si los dos equipos aparecían sentados, parecería un encuentro entre gobiernos del mismo rango; si, por el contrario, se les veía de pie, todo parecería menos serio y formal. Pero hubo un detalle que no consensuaron. Las poinsetias. En la hora H del día D, el equipo de Moncloa comprobó que, sobre las mesillas junto a los sofás, las hojas de esas plantas navideñas solo eran amarillas, el color de los lazos que miles de catalanes aún llevaban en la solapa como símbolo de protesta contra el encarcelamiento de los líderes del procés. Con rapidez se consiguieron poinsetias con las hojas rojas y con eficiencia se colocaron junto a las amarillas. Se había ejecutado la que se denominó, con ironía, Operación Tiesto.

Parece el gag de una comedia de enredo sobre cómo banalizar la política. Fue otra escenificación con afán performativo, aunque con una capacidad menguante para que el relato de la confrontación impactase en la realidad. Pero allí estaba Pedro Sánchez. Porque ya era, y volverá a ser, presidente gracias al apoyo de los diputados independentistas. Desde la moción de censura, el líder socialista ha asumido, más por pragmatismo que por convicción, que su acción de gobierno sería duradera si daba respuesta a “un conflicto político” “en el marco de la seguridad jurídica”, como puede leerse en la Declaración de Pedralbes. Aunque no se dijese su nombre para poder incorporar a la contraparte, el marco era y es la Constitución. El conflicto realmente existente era y son las consecuencias penales de unos hechos ilegales que mayoritariamente han sido interiorizados como una rebelión contra la nación española y precisamente por ello, por su dimensión identitaria, las penas desproporcionadas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes del procés apenas fueron cuestionadas o aún no han saltado las alarmas ante las muestras de neofranquismo que se suceden cada noche ante las sedes socialistas. La amnistía, recorrida sobre brasas, debería cerrar esa deriva.

Para que eso fuera factible era necesario defender un relato alternativo tanto al que despacha lo ocurrido en 2017 como un golpe de Estado —una forma de externalizar todas las responsabilidades— como al relato mitológico que permite al independentismo mágico vivir todavía hoy en su realidad paralela —como repiten diputados y voceros de Junts—. Pero el PSOE no ha realizado ese ejercicio formal e ideológico, limitándose a hacer de la necesidad, virtud, y fundar su actuación en la única idea que todo puede hacerse mientras sea legal. Y es necesario algo más, además de la ambigüedad retórica, para que los ciudadanos, muchos de sus votantes, se sientan vinculados a las decisiones de sus representantes. Es probable que en la exposición de motivos de la ley de amnistía, según se va sabiendo poco a poco, los diputados socialistas en el Congreso propongan un relato que mire hacia adelante a través de la Constitución no solo para vencer sino para convencer. Pero durante las últimas semanas, en especial tras el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont, su posición está facilitando que se reabra esa agónica herida nacionalista al no haber planteado una defensa firme y honesta del Estado del 78. Mientras el jueves Santos Cerdán dejaba que en el acuerdo con Junts se colase la mención al lawfare y un relato falaz del procés, se mustiaban las poinsetias rojas de Pedralbes. Mientras va adquiriendo forma un movimiento antisistema cuyo propósito es la deslegitimación de parte de nuestro entramado institucional.