“Me van a oír”

Alicia Tomás es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). El pasado miércoles, escribió en su cuenta de X, antes Twitter: “A mi hija de 10 años le han quitado la clase de religión y le han metido ‘valors’. La ‘maestra’ se ha tirado una hora hablando del beso de Rubiales y haciendo un discurso político. El colegio no me ha consultado dicho cambio. Yo no he autorizado esa charla. Me van a oír”. El tuit, que han visto más de 419.000 personas, ha sido retuiteado por otras 2.000, casi 8.800 lo han celebrado con un me gusta y cerca de un millar han enviado comentarios al respecto. “Pin parental obligatorio”, responde @amarrascarlos. “Clausura de todo el profesorado y la dirección a la cabeza. Preferible una semana o un mes sin clases hasta nuevos y decentes maestros que un curso completo de #adoctrinamiento y perversión infantil”, reclama @JSR_Ediciones; “Al juzgado”, pide @koldok2. “Ánimo y que el adoctrinamiento no les salga gratis”, tuitea @ManuJBO.

Otros usuarios de la red no ven el problema: “Madres enfadadas porque se habla de consentimiento en la escuela”, lamenta @obornay; “Los profesores de valores no hacen discursos políticos, explican la importancia de los derechos y del respeto como base de la convivencia. En tu mundo de odio se ve que no es importante” (@avonasacram); “Por favor, dime qué colegio es para poder inscribir a mi hija”, ruega (@Marcos73bcn).

La ley de educación vigente no sustituye la asignatura de Religión por Valors. Los niños pueden cursar Religión si lo piden —la demanda ha caído en los últimos años—, aunque, al contrario que en la legislación anterior, la nota no cuenta en el expediente. Educación en Valores Cívicos y Éticos no es una asignatura espejo o alternativa, sino para todos los alumnos. Engloba materias como el valor social de los impuestos, la Constitución, la igualdad de género, los derechos de los animales o, precisamente, cómo comportarse en las redes sociales. En junio, el Tribunal Supremo desestimó un recurso de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) que pedía que se anulase la disposición dedicada a la enseñanza de Religión y que se suprimieran determinadas referencias al género, al entender que esas menciones a la “igualdad de género” o a la “perspectiva de género” vulneran la neutralidad que debe imperar en el ámbito educativo. El tribunal aclaró que esa terminología es la que siguen las normas de la UE en todos los ámbitos y que “la seguridad jurídica, la igualdad, la libertad ideológica o el derecho a la educación no se agrietan por las referencias a la igualdad de género”. El Constitucional también ha rechazado el recurso de Vox contra la ley. Nada de esto cabía en un tuit, especialmente, uno de Alicia Tomás, aficionada a simplificar los ya limitados mensajes de Twitter, por ejemplo, vinculando inmigración e inseguridad. Vox sí montó un hilo para despacharse a gusto en defensa de Rubiales, al que considera víctima de una “cacería mediática” propiciada por el “falso feminismo”.

A menudo, como hizo la edil de la ultraderecha en Terrassa, Twitter se utiliza para compartir una experiencia personal. Si es una avería, se busca crear ruido para que la compañía responsable la resuelva pronto y evite la mala publicidad; si el tuit viene de un político, casi siempre hay una agenda detrás, una categoría escondida tras la (aparente) anécdota. Los usuarios de la red eligen entonces si creer, dudar o buscar datos entre los profesionales de esa asignatura: la información. La opción más cómoda es la primera: creer. Twitter sí tiene un gran poder de adoctrinamiento: la pereza.