Peajes para todos

El Gobierno y la Comisión Europea han acordado retirar del Plan de Recuperación la incorporación de peajes en las autovías españolas prevista inicialmente en el documento enviado a Bruselas. Se trata de dar marcha atrás en una de las propuestas incorporadas a la futura ley de movilidad sostenible. La medida se sustituirá por el impulso al transporte por ferrocarril a través de la bonificación de cánones para el transporte de mercancías y el desarrollo de “autopistas ferroviarias”, un concepto que aún debe concretarse pero que conllevará sin duda un nuevo paquete de inversiones en el sector.

La decisión llega tras una fuerte polémica en el marco de la última campaña electoral, en la que el Partido Popular acusó a los socialistas de ocultar una decisión ya pactada con las instituciones comunitarias. Con este cambio, España garantiza la gratuidad de la red viaria estatal, evitando su impacto en el bolsillo de conductores particulares y transportistas.

Sin embargo, la retirada implica consideraciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, hay que señalar que el mantenimiento de una red viaria de las capacidades y características de la española supone un gasto elevado que, en otros países de la Unión Europea, sufragan parcialmente quienes la usan. La retirada de la propuesta implicará una mayor carga fiscal al renunciar el Estado a ingresos que iban a destinarse a la conservación y actualización de las infraestructuras. Ahora esos recursos deberán provenir de los impuestos de todos los contribuyentes, con independencia del uso que hagan de las autovías. La intención del Gobierno de subir el IVA en la factura del gas y la electricidad y otros impuestos energéticos que fueron rebajados o suspendidos para paliar el golpe de la crisis energética se puede leer en ese contexto. La recaudación extra que aportarán (7.000 millones de euros al año) compensará de sobra el descarte de los peajes (1.000 millones), pero si no se hace de forma escalonada provocará un aumento de los costes energéticos que afectará a los hogares.

Por otro lado, los peajes tienen un fuerte componente disuasorio para un modo de transporte que se enfrenta a su reestructuración bajo el principio de que quien contamina paga. Ese es, al menos, el sentido declarado de peajes implícitos como las zonas de estacionamiento regulado desplegadas en muchas ciudades. Sustituir su aplicación por incentivos para el transporte ferroviario tiene, por lo tanto, un impacto no solamente fiscal, sino también ambiental, en un momento en el que la lucha contra el cambio climático es una prioridad. Resulta inquietante que, desde la crisis abierta con la guerra en Ucrania, las decisiones del Gobierno en el ámbito de la movilidad hayan incorporado iniciativas como la bonificación de combustibles —independientemente, además, del nivel de renta— o, ahora, la renuncia a los peajes como herramienta de moderación en el uso del vehículo particular. Estas medidas no contribuyen a reducir el impacto de un sector que genera el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La retirada de los peajes como herramienta de política pública tranquilizará a los conductores, particularmente en los hogares más vulnerables, pero no está exenta de costes a largo plazo. Tarde o temprano España tendrá que retomar ese expediente. Quizá con menos demagogia y más pedagogía sobre sus ventajas e inconvenientes.