De qué sirve demandar a Google en Estados Unidos

Es una verdad universalmente aceptada que un monopolio tecnológico, poseedor de una gran fortuna, necesita una demanda del Gobierno de Estados Unidos para aprender a comportarse en sociedad. Solo así se explica que los medios anuncien estos acontecimientos como “el juicio más trascendental sobre el poder tecnológico en la era moderna de internet” cuando la Comisión Europea ha demandado, requetemultado y semicorregido a Google en numerosas ocasiones por abusar de su posición de mercado y distorsionarlo a su favor. Como si no hubiera habido un caso como este desde 1998, cuando el Gobierno norteamericano demandó a Microsoft por abusar de sus privilegios al imponer un navegador en el mercado ―de nombre Explorer― empotrándolo por defecto en su sistema operativo. Hasta el martes pasado, cuando empezó su juicio contra Google por hacer lo mismo con su buscador.

El Departamento de Justicia estadounidense acusa al buscador de “mantener su poder de monopolio a través de prácticas excluyentes que perjudican a la competencia”. Prácticas como firmar contratos exclusivos con otras empresas para ser el único muslito de pollo visible del bufé. En su momento, Microsoft firmó contratos con los fabricantes de hardware para que vendieran sus ordenadores con Windows. El sistema operativo llevaba Explorer instalado por defecto, borrando del mapa a Netscape Navigator, su principal competidor. Google, por su parte, paga unos 14.000 millones anuales a su némesis para ser el buscador por defecto del iPhone. En Estados Unidos no es ilegal ser un monopolio, como nos han recordado cada día de esta semana los periodistas liberales, para que nadie piense que hay comunistas al mando del país. Pero comprar tu lugar para seguir en la cumbre es como hacer reformas constitucionales para aferrarte al poder. Google sólo puede ser un monopolio si lo eligen los consumidores y, para que eso suceda, los consumidores tienen que poder elegir.

Europa ha demandado y ha ganado esta demanda, pero es más interesante cuando lo hace EE UU. No sólo porque son empresas estadounidenses. Primero, porque es su principal socio. El Gobierno estadounidense financia, utiliza y depende de la infraestructura de Google en todos sus departamentos, de Defensa a Salud, pasando por Educación, Energía y el programa espacial. Segundo, porque tiene un acceso a sus operaciones que no tiene nadie más.

En parte por eso, nadie espera que la Administración de Joe Biden haga grandes gestos que perjudiquen a su principal herramienta de soft power. Incluso si quisieran, como aventuran algunos, atar corto a las tecnológicas, está lo que yo llamo el problema de los abogados infinitos. Los monopolios tienen infinito dinero para pagar infinitos abogados y apelar infinitas veces hasta alcanzar el resultado ideal. Las administraciones no. En noviembre de 1999, el juez Thomas Penfield Jackson concluyó que Microsoft había incurrido en prácticas anticompetencia y ordenó partir la empresa en dos: una para el sistema operativo, otra para las aplicaciones de software, incluyendo el navegador. Microsoft recurrió. De haberlo conseguido, hoy no existirían gigantes como Google, Amazon, Apple o la propia Microsoft. Pero, si el Departamento de Justicia hace su trabajo, a lo largo de este juicio descubriremos aspectos relevantes sobre la cultura del imperio que, precisamente gracias a su pequeña caja de búsqueda, ha diseñado internet. Este potencial se refleja en sus restricciones. No habrá videos o audios de las declaraciones ni podremos seguirlo por streaming por la típica excepción reservada a un monopolio: “El juicio más trascendental sobre el poder tecnológico en la era moderna de internet” no está siendo televisado ni retransmitido por internet.