EDITORIAL
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Vox marca al PP

El programa de la ultraderecha entra también en el Gobierno de Aragón de la mano del partido de Feijóo

Los portavoces del PP y de Vox en el Parlamento aragonés, Ana Alós y Alejandro Nolasco, tras firmar este viernes su pacto de gobierno en esa comunidad.
Los portavoces del PP y de Vox en el Parlamento aragonés, Ana Alós y Alejandro Nolasco, tras firmar este viernes su pacto de gobierno en esa comunidad.JAVIER BELVER (EFE)

Con el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Aragón queda casi completo el mapa del poder territorial en España surgido de las elecciones del 28 de mayo. El PP presidirá la comunidad, hasta ahora gobernada por el PSOE, con un vicepresidente y un consejero de Vox: el partido ultra se hace con las áreas de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, más Agricultura y Ganadería. Vox también preside las Cortes y, más allá de los cargos, consigue imponer buena parte de su agenda. El experimento de coalición entre conservadores y ultraderechistas que comenzó con la Junta de Castilla y León hace año y medio es ya una realidad política que gobierna cuatro autonomías con una población de 10 millones de personas, más los consejos insulares de Baleares, seis capitales de provincia y 140 ayuntamientos. Queda pendiente Murcia, donde se alarga el suspense por la insistencia de Vox de entrar en el Ejecutivo. Pero eso es irrelevante para la cuestión principal: Aragón es el último ejemplo que demuestra que el PP no duda en aceptar las condiciones de los ultras cuando necesita a Vox para gobernar.

El PP ganó las elecciones en Aragón con el 35,5% de los votos; Vox fue tercera fuerza con el 11,2%. Han tardado mes y medio en pactar tras una negociación que giró en torno a si Vox podía exigir al PP formar parte del Gobierno en coalición. Tras abrir negociaciones con otros partidos regionales, el PP no ha aguantado el envite: el resultado de las generales del 23-J, que ha dejado a ambos partidos sin posibilidad de reeditar su coalición a nivel nacional, parece haber reforzado la necesidad de gobernar allí donde se pueda.

El acuerdo percute una vez más en varias ideas medulares del programa de Vox, que el 23-J perdió 620.000 votos y 19 escaños con respecto a 2019. El pacto promete a los aragoneses defender España de las “fuerzas separatistas”. Anuncia que van a derogar la ley de memoria democrática, sin que nadie aclare qué les molesta exactamente de esa norma. Pretende reformar la ley trans; “sacar la ideología de las aulas”, en educación, sin más aclaraciones; busca “erradicar” los “discursos machistas” a la vez que habla de “violencia doméstica o intrafamiliar”, el término preferido de quienes restan importancia a la violencia contra las mujeres. PP y Vox pretenden promover “la colaboración público-privada” en sanidad, afirman que Aragón es “un infierno fiscal” y promoverán una batería de rebajas de impuestos; en vivienda se centrarán en luchar “contra la ocupación ilegal y la inseguridad”. En lo económico, los dos partidos apenas tienen diferencias.

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El avance de la agenda ultraderechista impregna todas las administraciones donde el PP necesita a Vox, y desdibuja el discurso de los populares. El libreto de los ultras en toda Europa empieza siempre modelando el lenguaje; las políticas públicas van detrás. El partido de Abascal no disimula sus aspiraciones, ni permite disimular al PP. El hecho de que el futuro presidente de Aragón, Jorge Azcón, no quisiera aparecer en la foto del pacto es coherente con la actitud de su jefe nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien lleva año y medio evitando cualquier foto con Vox, hasta el punto de no acudir a un debate en televisión en plena campaña. Tampoco es necesaria a estas alturas. La foto de Feijóo con Abascal se ve nítidamente en el mosaico de pactos regionales.

Vox ha entrado en el Ejecutivo allí donde lo ha exigido. El precio del poder lo ha puesto siempre Vox, no el PP, cuyo discurso de responsabilidad y moderación ha sido demolido por la aritmética parlamentaria, autonomía tras autonomía. En Extremadura, María Guardiola trató de elevar una negociación de sillones a una de principios, y acabó firmando lo que le pusieron delante. El PP abrió un debate tras la amarga victoria del 23-J sobre la conveniencia de los pactos con Vox (“Los padres y madres de derechas con hijos homosexuales se han sentido violentados”, dijo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla), pero ese debate ha quedado supeditado a la necesidad de asegurarse cuotas de poder. El acceso al poder ha estado por encima de cualquier incomodidad: la última prueba es el acuerdo de Aragón.


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