Extremadura como síntoma

Este viernes se inicia formalmente la campaña electoral para el 23 de julio con el telón de fondo de los pactos autonómicos y municipales entre populares y Vox. El espectáculo político de la última semana resume de forma muy gráfica el pragmatismo del PP al sacrificar el crédito político de una de sus dirigentes a cambio de conseguir con Vox el poder en Extremadura. Lo ocurrido revela también el oportunismo de su crítica feroz al gobierno de coalición por su política de alianzas parlamentarias y sus rectificaciones a lo largo de la legislatura. El PP de Extremadura rechazó sin contemplaciones un gobierno con Vox a través de su candidata regional, María Guardiola, al explicar con convicción y claridad la imposibilidad de incluir en su gobierno a quienes “niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Doce días después, el resultado ha sido exactamente el contrario, y Vox ostenta hoy bajo la presidencia de María Guardiola una consejería vinculada íntimamente a la agenda negacionista de la extrema derecha en la crisis climática y su desconfianza de la ciencia, además de otros cargos que incrementan su acceso a los despachos de la España de las autonomías, que los ultras aseguran querer abolir.

Más allá de sus contradicciones, Vox emprende fortalecida la campaña porque ha comprobado su capacidad para someter a un PP que se ha mostrado insólitamente contradictorio —Guardiola renunciando explícitamente a su palabra dada a la misma hora que Feijóo decía lo contrario, el acuerdo saltándose todos los baremos para el pacto que una y otro habían formulado en público— y sin una brújula reconocible en algo tan esencial como abrir o cerrar la puerta a quienes, gracias al Partido Popular, ya están usando en los ayuntamientos la palabra libertad para prohibir: prohibir banderas LGTBI, obras de teatro o películas que no respondan a su modelo excluyente de sociedad.

Hoy ya sabemos que Vox es un socio con el que cuenta el PP allí donde lo necesite, también en el Gobierno de España, escenario verosímil, según la encuesta que este lunes publican EL PAÍS y la SER —con todos sus datos internos disponibles para los lectores. Si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones, muy probablemente necesitará a Santiago Abascal, como lo ha necesitado después de los resultados autonómicos y municipales. Tras años de mimetizarse con los ultras en el discurso de deslegitimación del adversario político a través de una oposición tan lapidaria como estéril, esta alianza está ya descontada por una parte importante de su electorado en la misma medida que espanta a quienes —incluidos muchos populares— aspiran a una España que no retroceda en economía verde, conquistas sociales y libertades públicas. Y ya no son temores abstractos. El desprecio a la bandera arcoíris, la criminalización de la inmigración y las más excéntricas teorías sobre las vacunas o el clima están aquí y defendidas por quienes están al frente de las instituciones de todos: presidencias de cortes regionales, vicepresidencias de gobiernos, consejerías y concejalías.

A la contorsión política de María Guardiola y Feijóo le queda la puesta en escena de la sesión de investidura de la presidenta extremeña, mientras se negocia todavía en Murcia y Aragón.