Victoria insuficiente

No había tsunami de derechas. El PP ha ganado las elecciones generales y como partido más votado obtiene 136 diputados, que son 47 más de los que tenía, pero queda a solo 14 escaños de su inmediato competidor, el PSOE, que no solo resiste la erosión de gobernar sino que obtiene dos diputados más de los que tenía (122). La diferencia en porcentaje de votos entre ambos es poco más de un punto, puesto que los socialistas también crecen. El otro flanco de la batalla entre los dos potenciales socios de Gobierno, Sumar y Vox, se ha resuelto a los puntos, y en ambos casos con pérdidas: Sumar y Vox recogen una cantidad de voto similar pero los rentabiliza mejor Vox, con 33 escaños frente a los 31 de Sumar (que baja cuatro con respecto a los resultados de Podemos en 2019). La buena noticia para la democracia es el fuerte retroceso de la ultraderecha: pierde hasta 19 diputados, que regresan presumiblemente al PP. Cualquier posible investidura nacerá, por tanto, de acuerdos parlamentarios múltiples dado que ninguno de los dos bloques obtiene por sí solo la mayoría absoluta.

El 23-J ofrece un resultado más cerca de la actual configuración del Parlamento que de un cambio radical, pese al aumento sustancial del PP desde sus 89 diputados actuales hasta los 136, tras engullir a la mayoría de los votantes del extinto Ciudadanos. Aunque se produce un ligero reforzamiento del bipartidismo, el reparto de diputados no prefigura una coalición gubernamental clara o fácil ni en la derecha ni en la izquierda. La suma de las derechas del PP y Vox queda a siete diputados de la mayoría absoluta, con 169, mientras el PSOE y Sumar alcanzan juntos la cifra de 155, muy lejos de los 176 necesarios para la investidura del presidente, aunque disponen a priori de más capacidad de tejer alianzas con otros partidos que Feijóo y Abascal.

El PP ha visto frustradas sus altas expectativas de conquistar una mayoría abrumadora que evidenciase la urgencia de un cambio de Gobierno —ya en funciones desde hoy— al quedar el partido de Feijóo muy por debajo de los 150 diputados. El partido había situado en esa cifra la barrera para acometer un Gobierno, incorporando a Vox al Ejecutivo, tal como admitió en campaña el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una lectura magnificada, excesivamente triunfalista después de los resultados del 28-M pudo contribuir a generar en el PP unas expectativas que han quedado defraudadas. También numerosas encuestas sobrestimaron hasta el último minuto los resultados del PP, que ha sufrido una amarga victoria similar a la vivida en las elecciones de Castilla y León de 2022. La encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER situaba al PP y a Vox cerca de la mayoría absoluta, pero sin obtenerla, como así ha sucedido.

En las elecciones del 28-M, el PP adelantó únicamente en 400.000 votos al PSOE, pese a que esa distancia, técnicamente poco significativa, se tradujo en una fuerte pérdida de poder local para los socialistas. El electorado de izquierdas pudo tomar nota del efecto de su propia desmovilización (y de la dispersión del voto a la izquierda del PSOE) para tratar de evitar lo que casi todas las encuestas pronosticaban: un Gobierno presidido por Feijóo con la vicepresidencia para Abascal. En la última semana de campaña, la izquierda empezó a percibir una remontada que ha acabado siendo efectiva porque mantiene una cifra similar de diputados actuales entre el PSOE y Sumar. La extraordinaria resistencia de los socialistas y de su líder Pedro Sánchez ha vuelto a quedar patente en esta ocasión cuando la distancia con el PP es de 300.000 votos. Finalmente, los ciudadanos sí han reconocido, con una victoria abultada del PSC, la estrategia de apaciguamiento en una Cataluña que llevaba demasiados años en tensión, mientras el PSE ha sido también primera fuerza en el País Vasco.

El escenario que dejan los resultados es enrevesado para la investidura y la formación de Gobierno. Ninguno de los dos bloques reúne los votos suficientes para armar una mayoría absoluta. El candidato que ha ganado las elecciones, Feijóo, consideró “lógico” incluir a Vox en su Gobierno si necesitaba su sí y apeló a los socialistas para pedirles la abstención, en una estrambótica estrategia en campaña que parece haberle pasado factura. Anoche asumió la responsabilidad de intentar gobernar y exigió que no hubiese bloqueos con el argumento de que siempre ha gobernado el candidato más votado. Pero el parlamentarismo no exige esa condición, sino una mayoría. La apelación a la abstención de los demás exige del PP un ejercicio de coherencia que no ha formulado hasta el momento. El PP pide al PSOE su abstención para a continuación “derogar el sanchismo” con los votos de Vox. Mientras, gobierna en Extremadura y Canarias —donde el PSOE fue la fuerza más votada— aliado con los de Abascal. El líder del PP debería explicar la teoría de que no es lo mismo gobernar España que gobernar las comunidades autónomas con la extrema derecha. Salvo que nos permitan pensar que las considera administraciones de segunda categoría y que gestionar la educación o la sanidad públicas es indiferente a la ideología. Con el resultado de este 23-J, a él le corresponde abrir negociaciones y ofrecer pactos con contenidos concretos a todos aquellos a los que pida su voto o su abstención. Habrá que esperar a que tome la iniciativa para saber y valorar lo que ofrece a cambio del apoyo que, por acción u omisión, necesita para gobernar. Las difíciles paradojas de este resultado señalan que los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont, Junts, pueden tener la clave de una nueva investidura de Pedro Sánchez y la reedición del Gobierno progresista. La abstención de Junts podría garantizar una mayoría simple en segunda vuelta, pero la situación de rebeldía ante la justicia española de Puigdemont y su misma estrategia frentista podría conducir a un bloqueo que forzase una repetición electoral.

La cultura parlamentaria española dio un salto cualitativo hace cuatro años con el primer Gobierno de coalición de la democracia configurado en enero de 2020. El resultado electoral de hoy ratifica la aclimatación española a una práctica común y mayoritaria en el resto de Europa: las coaliciones de gobierno se negocian entre los partidos con representación parlamentaria.